Cambio legislativo: el agro prepara su ofensiva con proyectos para impulsar inversiones y exportaciones

El Consejo Agroindustrial Argentino impulsa un paquete de leyes para promover el empleo y potenciar exportar más, en un contexto político que consideran más favorable.

El agro buscará impulsar leyes para el sector.

El 11 de diciembre no solo marcará el inicio de una nueva etapa política en la Argentina, sino también la posibilidad de que el agro vuelva a ocupar un lugar central en la agenda legislativa. En este contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a más de 60 cámaras y 35 cadenas de valor, se prepara para impulsar un paquete de proyectos que —según sus referentes— puede transformar la estructura productiva del país.

“Tenemos una oportunidad extraordinaria” para impulsar las leyes que necesita la agroindustria, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC) y uno de los principales voceros del CAA, durante la jornada de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que celebró sus 50 años en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “La ciudadanía votó pensando en un país federal, productivo y exportador, y esta es la forma práctica de llevar eso a la realidad”, sostuvo.

En distintas entrevistas recientes, el propio presidente Javier Milei también aludió a la necesidad de “liberar al campo” y “apostar por la agroindustria como motor del crecimiento argentino”, una línea de pensamiento que el sector interpreta como un gesto político favorable para la nueva etapa legislativa que se abre en el Congreso.

Además, vale la pena recordar que, con el recambio legislativo, el oficialismo contará con un Congreso más permeable a las propuestas del sector privado.

Desde el CAA y la Fundación Barbechando —la organización que hace el seguimiento técnico y político de los proyectos agroindustriales— ya iniciaron conversaciones con los bloques libertario, radical y del PRO para garantizar consensos. “El desafío será construir política de Estado a través de leyes, que es lo más sólido y perdurable que tiene el país”, subrayó Idígoras.

Durante el mismo encuentro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, destacó el “nuevo clima de trabajo” y aseguró que la cartera está comprometida con el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales. Explicó también que “Ha mejorado el ambiente y el estado de situación en el cual los productores van a poder producir. Desde la Secretaría estamos para escuchar, entender y, en la medida de nuestras posibilidades, solucionar los problemas. Las puertas están abiertas y estamos trabajando para abrir nuevos mercados para las legumbres y otras producciones”.

Una ley para el agro que tendrá el apoyo del oficialismo

El primer proyecto que el Consejo busca impulsar es la Ley RIMI (Régimen de Inversión y Empleo), que el Gobierno adaptó a partir del texto original del proyecto de inversión agroindustrial presentado por la Mesa del CAA. “Argentina tiene al sector más activo de su economía sin una ley de inversiones”, recordó Idígoras. “Tenemos leyes para petróleo, gas o minería, pero nada para el agro. Y esta norma no propone subsidios, sino incentivos reales para quien invierta, genere empleo y aumente exportaciones”.

El proyecto, firmado por la diputada Romina Díez y mencionado por el Presidente en una entrevista reciente, busca ofrecer devolución de IVA, amortización acelerada y beneficios fiscales para empresas que destinen más de u$s150.000 a nuevos desarrollos. “Incluye al agro por primera vez, con beneficios para ganadería, agroquímicos y fertilizantes”, detalló el dirigente.

Idígoras remarcó además que “el propio Ministerio de Economía nos dijo que esta es la única ley de inversión y de promoción de empleo y de inversión que va a haber”. Y advirtió: “Tenemos que llegar al primer semestre del año que viene con la ley aprobada, para que en el segundo semestre los productores empiecen a invertir con estos beneficios que no tienen impacto fiscal, porque todo es incremental”.

El segundo eje legislativo es la Ley de Riesgo Agropecuario, un proyecto que el Consejo Agroindustrial elaboró junto a la Fundación Barbechando para proteger al productor frente a la sequía y los eventos climáticos extremos. “El país necesita un sistema de seguros y reaseguros que funcione. Hoy la mayoría de los productores no tiene ningún tipo de cobertura climática porque las ofertas privadas son carísimas o inexistentes”, advirtió Idígoras.

El objetivo del proyecto es crear un marco nacional que permita el desarrollo de seguros multirriesgo con respaldo estatal y reglas estables. Se trata de una herramienta que ya existe en países competidores como Brasil o Estados Unidos, y que el sector agroindustrial argentino considera imprescindible para estabilizar la producción y evitar pérdidas millonarias.

La tercera iniciativa prioritaria del CAA es una nueva Ley de Biocombustibles, orientada a reemplazar el régimen vigente, que según Idígoras “es una ley soviética, porque interviene precios, volúmenes y productores”. El proyecto busca aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, fomentar la libre competencia entre empresas y promover el uso de insumos nacionales como maíz, caña de azúcar y soja.

“Argentina tiene capacidad para abastecer cuatro veces la demanda de gasoil con materias primas que ya produce”, señaló Idígoras. “Necesitamos un marco que permita que los biocombustibles sean económicamente viables y competitivos, sin subsidios ni cupos arbitrarios”.

Este punto tiene además un impacto directo sobre la producción primaria, al mejorar la demanda de granos y generar mejores precios internos para los productores.

Federalismo, innovación y sustentabilidad

Según pudo confirmar Ámbito tras consultar distintas fuentes del sector agroindustrial, la agenda del Consejo Agroindustrial se apoyará en tres pilares: una visión federal, que integre a todas las provincias productivas; una mirada innovadora, que impulse leyes como la de semillas o biotecnología; y un enfoque sustentable, alineado con las nuevas exigencias ambientales y laborales del comercio internacional.

En este sentido, Idígoras destacó que “el mundo ya no pide solo calidad y precio, sino también calidad ambiental y social. Por eso trabajamos en la debida diligencia y en demostrar el cumplimiento de la legislación argentina en materia laboral, impositiva y ambiental. La cadena de legumbres, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que el país puede hacer si combina productividad, trazabilidad y sustentabilidad”.

Además, el Consejo impulsará una ley de presupuestos mínimos para unificar criterios sobre buenas prácticas agropecuarias y aplicaciones fitosanitarias, ante la proliferación de regulaciones dispares en municipios que restringen el uso de agroquímicos sin sustento técnico.

Con la mirada puesta en diciembre, el CAA se prepara para relanzar su agenda legislativa con apoyo transversal. Los proyectos, que contarían con aval técnico y consenso entre una buena parte de los legisladores (actuales y entrantes), se presentan como parte de una visión más amplia: convertir la competitividad del agro en política de Estado.

Según Idígoras, “tenemos que dejar de discutir cada cuatro años si exportamos o no, si bajamos o subimos retenciones. La Argentina necesita una estrategia estable que permita crecer, invertir y generar empleo. Si el país quiere desarrollarse, tiene que mirar al interior productivo y entender que el agro no es el problema, sino la solución”.

En el Congreso que asumirá el próximo 11 de diciembre, esa visión parece tener cada vez más eco. Entre la expectativa y el pragmatismo, el sector privado se prepara para lo que podría ser la mayor ofensiva legislativa del agro en los últimos años.