«En realidad, los precios máximos prevén una sanción y aquí no se habló de sanciones. Se habló de fijar un valor por categoría para toda la media res, un precio que no podrá aumentar y se establecerá por acuerdo. El objetivo es que la carne no aumente por tres meses.» El asistente a la reunión que mantuvieron el martes funcionarios del Ministerio de Economía con frigoríficos y consignatarios daba su versión suavizada de la intención del gobierno de fijar precios máximos para la carne.
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Este proyecto de Economía, que no sería compulsivo, sino que se terminaría de definir durante la próxima semana con los frigoríficos -que consintieron en aceptar una instancia de trabajo con el gobierno-, llegó también a las entidades de productores que no fueron convocadas a la reunión. Y ayer, luego de varias interpretaciones que confluían en la intención de fijar tope en los precios de la carne, emitieron un comunicado en repudio de la idea.
Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA) coincidieron en que «existen variadas y fundadas razones para rechazar este tipo de medidas, tanto desde la defensa de la libertad de comercio como desde el fracaso que en el pasado tuvieron estos controles, como vedas, precios máximos y otras alquimias burocráticas, que sólo fomentaron el desabastecimiento, el mercado negro, las caídas y el atraso de la producción».
Economía desmintió la medida a través de un funcionario que no estuvo en la reunión. El secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, indicó que «no se está estudiando ni hay ninguna decisión en el sentido de poner algún tipo de control de precios». Sin embargo, las desmentidas, sólo por parte de algunos asistentes, se daban ante la prensa. En privado, empresarios admitían que durante las cuatro horas de reunión -tiempo inusual para un encuentro de estas características- se habló en extenso de la medida que sería, ni más ni menos -aunque se la quiera presentar de otra forma-, congelar los precios de la carne a los valores actuales.Una fijación de precios máximos. «Hemos escuchado que se habló de ese tema. Es una nueva medida dirigista que restringe la libertad de comercio y genera corrupción en el comercio de carne. Establecer controles de precios y acotar la faena como se hizo la semana pasada es una fiesta para la corrupción», decía, terminante, el vicepresidente de la SRA, Hugo Luis Biolcati. «Agosto fue un mes nefasto para los productores, y ahora tenemos que escuchar a paladines de la corrupción en carnes que dicen que agosto fue el mes del ganadero... Hay actitudes que no se pueden creer...», decía, ofuscado, Biolcati.
Lo cierto es que, ante tanto alboroto en el mercado de ganados y carnes, Agricultura había convocado a una reunión de la ya fracasada mesa de análisis con las entidades de ganaderos, pero dio marcha atrás con la invitación. Algunos especialistas analizaban que los frigoríficos habían aceptado trabajar con Economía en una medida dirigista «porque creen que con ello evitarán las retenciones», y otros afirmaban que «con tantas restricciones siempre hay una irregularidad a mano para presionar a las empresas...».
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