Caso de persecución desde el poder a empresas privadas

El sorpresivo arresto de Platon Lebedev, uno de los máximos ejecutivos y principales accionistas de Yukos, un gigante petrolero ruso, puso de manifiesto que esa empresa enfrenta una verdadera «persecución regulatoria» lanzada desde el «poder», con ingredientes que lucen conocidos.

Algunos de los principales accionistas de Yukos están detenidos y hasta su jefe de seguridad está ahora en la cárcel.

Con una actitud tan repentina como puntillosa, la administración rusa ha desatado una andanada de sugestivas tormentas contra Yukos, invocando -de pronto- presuntas violaciones a toda suerte de normas fiscales y reglamentarias. El accionar público contra Yukos es, por lo demás, cuidadosamente cubierto, minuto a minuto, por medios de comunicación masiva. Estos se encargan de «demonizar» -permanentemente- a la empresa y a sus dirigentes. Según algunos, con la coordinación -esmerada- de funcionarios de «inteligencia» del gobierno ruso, que «sugieren» los diversos allanamientos y procedimientos y supervisan su cobertura «publicitaria».

La causa inmediata invocada para el arresto puntual de Lebedev es un presunto incumplimiento, por parte de la empresa, de algunas normas tributarias.

Hoy, las investigaciones a Yukos que -cual infierno reglamentario- se han acumulado en su contra son ya siete. Por los más diversos motivos. Por ello, la sensación de la comunidad de negocios es que desgraciadamente el «poder de policía» administrativo se ha transformado en un indeseable instrumento de presión.

En rigor, el ataque a la referida empresa parece haberse originado en algunas bancas del Parlamento ruso, en particular desde aquellos que cuestionan las privatizaciones realizadas en época de Yeltsin. Fueron precisamente estos parlamentarios quienes -expresamente- requirieron la investigación fiscal que se precipitó sobre Yukos.

El propio procurador general se ha puesto, también sugestivamente, a la cabeza de los procedimientos administrativos simultáneos que -a marcha lenta- incluyen una investigación sobre la adquisición de una participación minoritaria en una empresa siberiana de gas: Yienisei-neftegaz.

• Rehenes

En términos gráficos, la empresa petrolera rusa y su futuro parecen «rehenes» de la administración, a partir de que desde el mercado se interpreta que lo que le acontece es grave, por lo que se ha castigado el precio de sus acciones en la Bolsa, que ha caído sustancialmente.

En medios políticos se especula -abiertamente- que la verdadera razón de la persecución desatada contra Yukos es el deseo del propio presidente de atacar a Mijail Khodorkovsky, el accionista principal de esa empresa, a quien Putin conceptúa como rival en el plano del poder real. Particularmente después que el magnate anunciara que, en las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre, apoyará financieramente a los candidatos de la oposición.

La Unión de Industriales y Empresas de Rusia, central que nuclea a los dirigentes empresarios rusos más importantes, ha hecho también oír su voz en contra de esta persecución, a la que califica de «extremadamente grave».

En medio de un creciente malestar empresario, el «premier» Mijail Kasyanov -sorpresivamente- expresó que las investigaciones contra Yukos deterioran el «clima de inversión» de Rusia toda. No cabe demasiada duda. Porque exteriorizan que las autoridades están dispuestas a abusar del poder para destruir o presionar (mediante intimidaciones abiertas) a alguna empresa o empresario. Lo que es evidente.

Las manifestaciones del frustrado Kasyanov sugieren que el ala «liberal» del gobierno ruso está dispuesta a enfrentar a los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia, leales a Putin, quien permanece en sugestivo silencio.

Kasyanov puntualizó, además, que está «en contra» de mantener encarcelados a algunos accionistas, mientras continúa -todo lo cansina y exasperantemente posible- una investigación que no ha llegado -por ahora- a conclusión firme alguna.

El daño al «clima de inversión» ruso parece ser directamente proporcional al deterioro de la «seguridad jurídica» que inevitablemente se exterioriza con el uso y abuso de facultades administrativas y reglamentarias. Esto es, del «poder de policía», cuando éste se utiliza con el propósito de intimidar o perseguir.

Pero lo más grave, por cierto, es que los abusos «digitados» desde el poder denuncian un andar que, esencialmente, es profundamente antidemocrático. Por ello estas maniobras destruyen confianza y despedazan futuro. En Rusia y en todas partes.

(*) Ex representante permanente de la República Argentina ante la ONU.