Para José Luis Machinea se trataba de un método insoportable por lo heterodoxo (y eso que había llegado a ministro por estar en el centroizquierda de los economistas). Sin embargo, Domingo Cavallo bendijo la idea (y eso que la UCR lo tiene en cuarentena por su supuesta ortodoxia). Se trata de constituir, por medio de un decreto de la Presidencia, una comisión dentro del Poder Ejecutivo para evaluar el comportamiento de cada sector de la economía y aliviar las trabas que pueda encontrar para su competitividad. El ministro lo explicó ayer durante la presentación de su equipo y su programa, que realizó en el Banco de la Nación. Festejó la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien se había convertido en la principal impulsora de este tipo de política, aunque sin éxito frente a la rigidez de Machinea.
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En principio, el equipo lo formarían el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, obviamente Cavallo y la ministra de Trabajo. Ese equipo sería el encargado de recibir a los distintos sectores para examinar cuáles son las dificultades que tienen para desarrollarse y, sobre todo, si esas dificultades provienen del Estado.
El ministro de Economía pretende disponer de varios instrumentos para esa ronda. Tendrá, por un lado, los recursos que le provee el impuesto al cheque. También podrá echar mano de la política arancelaria, sea para facilitar la modernización tecnológica (por la baja de los aranceles a los bienes de capital) sea para garantizar una porción de mercado (por la suba de aranceles a los bienes de consumo). Al mismo tiempo se buscará determinar los perjuicios que las empresas encuentran en prácticas distorsivas en el comercio internacional, como el «dumping».
Sin embargo, además de identificar las dificultades que puedan tener las empresas por regulaciones o trámites que compliquen su desempeño y de llevar adelante estrategias de recuperación específicas para cada actividad, los funcionarios se proponen volver más flexible el régimen laboral en cada caso.
Por eso, en cada una de las unidades de negociación que se establezca, se convocará también al sindicato del sector para que «haga su aporte» a la competitividad de las compañías. Esta forma de ingresar a la materia laboral viene a compensar el fracaso de Armando Caro Figueroa para que se encarara una nueva reforma laboral a partir de las competencias que el Congreso deriva al Ejecutivo a través de la delegación de poderes prevista en el artículo 76 de la Constitución nacional.
El plan para atacar los problemas de competitividad de los distintos sectores de la economía supondrá también el examen de las dificultades regionales, por lo cual también los gobernadores serán convocados a la mesa periódicamente. En este aspecto, la pretensión de Cavallo es vincular esta política sectorial con la reforma tributaria que él mismo propuso en su anterior experiencia como ministro y que el gobierno actual retomó cuando se negoció el último acuerdo fiscal con los gobernadores.
Acuerdos
Convocados de nuevo a discutir el esquema tributario de cada provincia, se llevarán adelante acuerdos para eliminar impuestos distorsivos, sobre todo sellos e Ingresos Brutos. Seguramente Cavallo insistirá en el establecimiento del impuesto a las ventas como gravamen sustitutivo de aquellos otros.
La idea del gobierno consiste en que no sea el Estado, en principio, el encargado de tomar la iniciativa en relación con estas políticas. Al contrario, se le sugerirá a cada sector de la producción o el comercio, o a los representantes de cada economía regional que propongan su propio programa de competitividad y que sugieran cuáles son las trabas que debería remover el Estado para llevarlo adelante. Una vez definidas estas estrategias, le correspondería al gobierno establecer prioridades. Incluso en el seno de cada sector, empresarios y sindicalistas tendrán que señalar cuáles son las áreas que deben tratarse primero para alentar el crecimiento.
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