¿Cede Lula?

Lula Da Silva alcanzó ayer un polémico acuerdo con la Corte Suprema de Brasil para abrir paso a su reforma previsional. Cedió en su idea de reducir las jubilaciones estatales más altas a cambio de garantías de que la Justicia no bloqueará el proyecto argumentando derechos adquiridos. Además, buscará compensar el costo de esa concesión con un aumento mayor que el previsto de la edad de retiro. El pacto aún debe ser avalado por los gobernadores, algunos de los cuales mostraron serias dudas. Ya se escucharon voces hablando de "debilidad" del gobierno y se espera hoy la reacción del mercado, que ayer no operó.

Lula Da Silva, siempre afecto a los gorritos (esta vez con uno que promociona el plan Hambre Cero). Su gobierno debió ceder en puntos importantes de su reforma previsional para garantizar su aprobación en el Congreso y sortear en la Justicia complicaciones por «derechos adquiridos».

Brasilia (AFP, ANSA) - El gobierno brasileño acordó con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Maurício Correa, ceder en su propuesta de gravar con una alícuota de 11% y de imponer un techo a las jubilaciones estatales más elevadas. A cambio, se garantizaría --una vez que la mayoría de los gobernadores dé su visto bueno-el voto favorable del Congreso a otros puntos sensibles del proyecto de reforma previsional y su viabilidad ante los tribunales.

El gobierno -que enfrenta desde el martes una huelga de estatales por tiempo indeterminado-se vio obligado a garantizar a los jubilados del Estado el mantenimiento del mismo salario que percibían mientras estaban en actividad y a seguir extendiendo a los pasivos los aumentos de salarios que reciban los empleados activos por la insistencia del poderoso sector judicial, capaz de bloquear por inconstitucional la enmienda. A cambio de esa concesión, el sector judicial aceptaría un aumento mayor al previsto de la nueva edad de la jubilación -que pasaría a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres-, un tiempo mínimo de carrera de 25 años -en la actualidad un juez puede retirarse con sólo 5 años de antigüedad-y un requisito de 30 años de contribución a la Seguridad Social para las mujeres y 35 para los hombres.

• Paro debilitado

El acuerdo con el STF desbloquea el camino de la reforma ante los tribunales, lo que debilita la huelga de los estatales.

El proyecto de reforma presentado el pasado abril a la Cámara de Diputados por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva preveía un aumento de siete años en la edad de jubilación de los empleados públicos en general -que dejaba en 55 años la edad para las mujeres y en 60 para los hombres. También imponía una alícuota de 11% a los pensionistas que ganen más de 370 dólares y fijaba una pensión tope de 828 dólares tanto para el sector público como el privado. Esto ahora quedaría sin efecto.

Joao Paulo Cunha, líder oficialista en la Cámara de Diputados, dijo que corresponderá ahora al gobierno calcular con precisión el costo fiscal de estas modificaciones, aunque arriesgó que no superaría los 1.500 millones de reales (535 millones de dólares) en 20 años, o sea 75 millones de reales (26 millones de dólares) por año.

Sin la reforma, el sistema previsional brasileño tendrá este año un déficit de 18.300 millones de dólares y con tendencia creciente.

El ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, dejó en claro ayer que cualquier modificación debe hacerse extensiva a todos los funcionarios, sin regímenes especiales para un sector.

El presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Luiz Marinho, indicó que la concesión de Lula es una profunda modificación del proyecto de reforma. «Es un error y una forma de ceder a la presión de los altos salarios. Espero que no esté ocurriendo un chantaje del Poder Judicial», dijo.

Con sueldos promedio de 2.400 dólares y en algunos casos hasta más de 6.000, los jueces son los funcionarios públicos mejor pagos, más del doble que el propio presidente de la República.

Dirceu señaló que cualquier alteración del proyecto debe ser también negociada con los gobernadores. El funcionario --artí-fice del acuerdo con el STF junto con el ministro de Previsión Ricardo Berzoini y los líderes legislativos del oficialismo-se-ñaló que no se debe alterar la esencia del proyecto que se tramita en la Cámara y que ha recibido 453 pedidos de enmienda.

Mientras tanto, la huelga convocada por la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNFSF) contra el proyecto de reforma de las pensiones continúa «creciente», según Elano Furtado, uno de los directores del sindicato y miembro del comité de paro.

Cuando todavía faltan datos de algunos estados, el sindicato estima que más de 40% de los funcionarios se adhirió a la huelga. Los funcionarios del Banco Central en Brasilia decidieron suspenderla momentá-neamente y esperan que los de San Pablo y Rio de Janeiro también lo hagan.

El gobierno no impuso sanciones administrativas contra los huelguistas, lo que es interpretado por analistas independientes como un incentivo para la continuación del paro.