Clave para cerrar "goteo" bancario

El Ministerio de Economía aguarda con desesperación una negociación urgente en el Congreso, para frenar el juicio político a la Corte Suprema, y conseguir así que el tribunal, cambie su postura en torno al «corralito» y cierre la salida de fondos de los bancos. La explicación a tanta expectativa tiene tres orígenes claros:

• El viernes, el propio ministerio emitió un comunicado dejando en claro que se acelerará cada día más la salida de fondos de los bancos por amparos concedidos a ahorristas. «El ministerio ha señalado su preocupación por el efecto negativo sobre los ahorristas y sobre el sistema financiero de la salida de los depósitos», dice. En ese mismo comunicado se informa que el promedio mensual de salida de dinero de los bancos fue en el período febrero-mayo de $ 807 millones. En junio este monto se ha incrementado a $ 1.008 millones, es decir 25% más.

El ministerio también informó que esta salida benefició a 40 mil cuentas, perjudicando al resto del sistema.

Esta salida de fondos se debe claramente a lo que se conoce como los agujeros del «corralito»: excepciones a la ley «Antigoteo» y jueces que desconocen la constitucionalidad de cualquier norma que frene la salida de depósitos.

• Este panorama puede empeorar de manera significativa. Cuando el Congreso votó la ley «Antigoteo» no eliminó la posibilidad de presentar amparos por el dinero retenido en los bancos, lo que hubiera sido groseramente inconstitucional sino que estableció un nuevo procedimiento habilitando la posibilidad -en este caso por parte del Estado o los bancos- de apelar la medida cautelar que ordena un juez disponiendo la devolución de fondos.

Esa modificación le permitió al gobierno ganar tiempo: a la sustanciación anterior de un amparo debió sumarse la apelación a Cámara y recién terminado ese trámite el pedido del ahorrista vuelve a primera instancia, aceptando o denegando el amparo. Mientras tanto, los fondos quedan congelados en los bancos y sólo se pagarán previa notificación al Banco Central, otra traba ideada en el Congreso para ganar tiempo.

Pero esos tiempos procesales fueron corriendo. Y el gobierno se enfrenta ahora a que luego de la feria judicial de 15 días que comienza el próximo lunes, los jueces comenzarán a recibir de la Cámara de apelación los amparos presentados. Si antes de ese plazo la Corte no modifica el criterio que impera en toda la Justicia, es posible que los bancos vuelvan a recibir una catarata de amparos ordenando devolver fondos que no tienen y, por lo tanto, muchos deberán cerrar sus puertas.

• Frente a esto, nadie en el gobierno de Eduardo Duhalde está dispuesto a pagar el costo político de avanzar en un canje obligatorio de bonos, así lo dijo Duhalde durante el fin de semana y, por lo tanto, la única salida a la vista es que la Corte cambie su postura y selle las grietas legales que permiten a los jueces hacer lugar a los amparos. Pero para eso hace falta que el Congreso desista del juicio político.