El Ministerio de Economía delegó en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (dependiente de la Secretaría de Comercio) el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones de consumo en caso de conflicto y necesidad de mediación (Ley 26.993), así como el juzgamiento en sede administrativa de las infracciones y la aplicación de las sanciones que se definan.
Comercio delega nuevas facultades a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
El Gobierno dispuso cambios en el control y arbitraje de las relaciones de Consumo. La norma está en línea con lo que Javier Milei había señalado sobre su mirada de lo que debía hacer esa dependencia.
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La medida fue dispuesta a través de la Resolución 32/2024 de la Secretaría de Comercio y está firmada por la cabeza de ese organismo, Pablo Agustín Lavigne. La Subsecretaría está a cargo de Fernando Martín Blanco Muiño.
La norma también dispone que estará bajo la órbita de la subsecretaría la aplicación de las normas de lealtad comercial. Asimismo, el organismo mencionado estará a cargo del alta y baja de las asociaciones de consumidores del registro respectivo, así como la administración de los programas especiales relacionados con el comercio interior que le encomienden y queda autorizado a delegar en los ámbitos de su dependencia, en forma total o parcial estas tareas a efectos de facilitar el trámite de sustanciación de las actuaciones que demande la aplicación de la normativa correspondiente.
A cargo de asuntos de mercado interno
De esta manera, se encomienda al titular de la Subsecretaría en cuestión la firma del despacho y la resolución de los asuntos concernientes a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.
La medida se toma en el marco del cambio de autoridades realizado por el nuevo Gobierno y las modificaciones de la estructura organizativa actual de que se realizaron en la Secretaría de Comercio y asegura la norma que el fin es "agilizar la gestión y ajustar las políticas públicas a aplicar".
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