Compromiso fiscal: expertos le bajan el precio al proyecto que quiere fijar el superávit por ley

Hay dudas sobre cómo aplicar los mecanismos de corrección en caso de desvíos de la regla. Jurídicamente se plantea avanzar en tipos penales que son materia de responsabilidad política.

Advierten que la Ley de Compormiso Fiscal es fácilmente violable por otra ley.

Mariano Fuchila

Si bien la Argentina es un país que no puede darse el lujo de sostener déficit fiscal por la falta de financiamiento genuino vía crédito, avanzar en la criminalización de un legislador por haber aprobado un presupuesto sin equilibrio no sería el camino correcto, advirtieron economistas y constitucionalistas consultados por Ámbito.

Se trata del proyecto sobre el Compromiso Fiscal que el Gobierno apura en el Congreso. La iniciativa pretende crear un tipo penal para el diputado que vote un presupuesto con cuentas en rojo, y del mismo modo busca supeditar las autorizaciones para emitir bonos de deuda a las provincias, a tener las cuentas en equilibrio.

Al respecto, Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), consideró que el proyecto “no aporta nada nuevo” que ya no esté en las normas actuales.

“Esta regla es más una manifestación de una decisión política que no aporta cosas novedosas en lo concreto”, explicó Rangungni. De acuerdo con señalado por el especialista en técnica presupuestaria, como este proyecto no es materia que requiera de mayorías agravadas del Congreso para su aprobación, otra ley posterior que incremente el gasto y tenga un artículo que establezca para ese caso no rige la regla, es suficiente y también aprobada con mayoría simple. “Ley mata ley”, simplificó.

Por otro lado, Rangugni recordó que el proyecto plantea mecanismos de adecuación para el Gobierno en caso de que el “gasto estimado” suba más de lo previsto según el texto enviado al Parlamente. En ese sentido, aclaró que en un presupuesto “el gasto no es estimado, sino autorizado”. Y en ese caso, indica que la única posibilidad de que el gasto autorizado suba de más, es por lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Administración Pública que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer ciertas erogaciones (aplicaciones financieras) que se cuentan “debajo de la línea” y pasarlas “sobre la línea”. “El único caso en que podría subir el gasto autorizado es por esta razón, y también tiene límites”, añadió.

De manera que la otra forma de que hubiera desvíos en las cuentas públicas sería que los ingresos estimados sean menores y en ese caso se determina un ajuste de gasto equivalente en partidas que no estén sujetas a indexación. “El recorte de gastos tiene límites, que son los gastos operativos del Estado”, explicó el profesional de ASAP.

La reglamentación de esa ley, en caso de salir, plantea dudas. Por caso, si el Presupuesto 2026 se aprueba con las proyecciones de inflación que mandó el Poder Ejecutivo, ya estarían desactualizadas antes de arrancar. El gobierno tendría que gastar “más de lo autorizado” el año próximo, porque la inflación de este año, -que es el punto de partida- va a ser más alta.

De igual modo, Rangugni consideró que los limites para autorizar endeudamiento a las provincias ya rigen por la ley 27917 de Responsabilidad Fiscal, de la época del gobierno de Mauricio Macri, donde se aclara que los gobernadores tienen que pedir permiso previo al Gobierno nacional para emitir un bono.

El aspecto jurídico

“Es un disparate, una locura. Es el Congreso el que autoriza los gastos, por eso el presupuesto se llama Ley de leyes”, dijo el constitucionalista Daniel Sabsay a Ambito. El abogado señaló ademas que la idea de poner limites al endeudamiento de las provincias “va en contra del sistema federal”.

Por su lado, Rodrigo López Tais, constitucionalista, publicó en Comercio y Justicia, un artículo que indica que el proyecto de Milei “no constituye, en rigor, una mera iniciativa económica”. “Es, ante todo, una ofensiva política que altera el orden constitucional y expande de manera temeraria los límites del poder punitivo estatal”, afirmó.

López Taiz indicó que “implica desplazar al derecho penal hacia un terreno que le es ajeno: la sanción de decisiones políticas adoptadas en el ejercicio regular de atribuciones constitucionales”. “Con ello, se confunde la responsabilidad política -que se dirime en el debate parlamentario y en las urnas- con la responsabilidad penal, cuya finalidad es tutelar bienes jurídicos concretos frente a agresiones gravemente lesivas” planteó.

Martin Kalos: “va en contra de los manuales de economía”

Al respecto, el economista Martin Kalos de la consultora Epyca, sostuvo que la iniciativa “va en contra de todos los manuales de economía y de política”.

“Esto no es una buena una buena regla fiscal. En todo caso, de lo que se trata es justamente de intentar generar los consensos, los mecanismos para explicar cuándo conviene y cuándo no tener eh algún déficit, entender que en estos años es necesario que Argentina tenga superávit”, explicó Kalos.

En términos de política económica el titular de Epyca indicó que la actual necesidad de tener cuentas en equilibrio “no significa que tengamos que para siempre atarnos al superávit, porque eso también va a terminar siendo contraproducente y un problema”.

Kalos sostiene que si bien apoya la política del Gobierno, en el sentido de tener las cuentas públicas en orden, “eso no significa que nunca se pueda tener un déficit fiscal, aunque sea momentáneo de dos meses para solucionar un problema” como podrías se una catástrofe natural o como ya se vivió, una pandemia.

En términos legales, el analista también cuestionó la idea al afirmar que “políticamente es extraño que los propios diputados y senadores voten leyes que en caso de que ellos ejerzan su tarea de aprobar leyes puedan hacerlos pasibles de una denuncia penal por ejercer su trabajo y su responsabilidad para la cual fueron electos”.