Finalmente, el Estado no tendrá «poder de veto», «acción de oro» o algo similar en Aerolíneas Argentinas. Así quedó establecido el viernes cuando funcionarios del gobierno y los tres accionistas principales de la aérea firmaron una «adenda» al acta-acuerdo que había sido suscripta dos días antes en Madrid.
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Concretamente, al documento se le agregan tres puntos que tienen que ver con los poderes de los directores designados por el Estado, con el valor que deberá pagar éste para entrar en Aerolíneas y con las responsabilidades financieras del sector público en caso de que insista con mantener rutas de cabotaje que no resulten rentables.
Tal como adelantara Ambito Financiero, dos de los socios de Aerolíneas, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, habían «detectado» que el acta suscripta por el presidente de Ineterinvest (la «holding» dueña de la aérea), Horacio Fargosi, y por los ministros Julio De Vido y Felisa Miceli se apartaba del texto pactado originalmente entre la empresa y el gobierno.
Dicho apartamiento no era menor: se le asignaban poderes de veto a los dos directores que podrá nombrar el gobierno una vez que concrete su intención de quedarse con hasta 20% del capital accionario de Aerolíneas Argentinas. Esto, según Pascual y Díaz Ferrán, no estaba contemplado en el acuerdo.
Por eso, el mismo miércoles por la noche y en ocasión de una cena de gala, se quejaron ante el propio Néstor Kirchner por el cambio de último momento en el documentorubricado horas antes, y el presidente habría respondido: «Si hay un error, se subsanará». La versión indica que el mandatario les habría recomendado tratar el tema con su jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Tras febriles gestiones que incluyeron un reclamo formal ante la Oficina Económica de la presidencia de España (que encabeza Miguel Sebastián, verdadera mano derecha del titular del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero), y en las que intervino Fernández, se llegó a la cita del viernes a la que concurrieron Pascual, Díaz Ferrán y el tercer socio de Aerolíneas, Antonio Mata. Los españoles concurrieron al Hotel Intercontinental madrileño acompañados de Jorge Blázquez, «número dos» de Sebastián; los esperaban para la firma de la «adenda» el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y la secretaria Legal, Susana Palomeque.
Sorpresa
La presencia de Mata fue una sorpresa no menor: no sólo algunos medios lo daban como ausente de Madrid (es más: le atribuían un viaje a Buenos Aires «ad hoc» para evitar cruzarse con el gobierno) sino también porque es un secreto a voces que está negociando su salida de la empresa con sus dos socios. Sin embargo, para que el nuevo «paper» tuviera validez legal, era necesaria la rúbrica de los tres accionistas.
Finalmente, y tras una breve negociación, los tres puntos agregados al acta-acuerdo fueron los siguientes:
Se deja de lado cualquier alusión a «poder de veto» a favor del Estado que pudiera surgir del texto firmado el miércoles; los directores designados por el Estado podrán, sí, oponerse a que la empresa se una a alianzas de otras aéreas (léase Star Alliance, One World, etc.).
El Estado tendrá un año para concretar su compra de entre 5% y 20% del capital de Aerolíneas Argentinas; el documento pone en negro sobre blanco lo que vale la empresa: por el tope de 20% se fijó un precio de $ 170 millones.
En caso de que los socios mayoritarios decidan descontinuar rutas de cabotaje que resulten deficitarias o reducir frecuencias, el Estado -en caso de pretender que se siga volando a esos destinos- deberá afrontar esa pérdida.
Tras la firma por empresarios y funcionarios, la « adenda» se agregó (como su nombre lo indica) al documento original. De todos modos, quedaría la duda de si las firmas de dos funcionarios de rango menor (secretario, subsecretario) valen para enmendar lo refrendado por sus propios superiores (los ministros de Planificación Federal y de Economía).
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