Confirman misión del Banco Mundial y FMI por tarifas
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Anteriormente, el vicepresidente del BM para Latinoamérica, David de Ferrantis, aseguró que el organismo «se acotará a dar ayuda de carácter técnico», e indicó que «la decisión de cuánto y cuándo aumentar las tarifas es exclusiva del gobierno». En el mismo sentido, también se pronunció días atrás, el vocero del FMI, Thomas Dawson.
Esta situación fue de alguna manera alentada por el propio Lavagna y por el actual secretario de Energía, Enrique Devoto, quienes desde junio del año pasado prefirieron intentar aumentos de tarifas «de emergencia» o «a cuenta» de la futura renegociación de los contratos.
Los sucesivos proyectos en ese sentido fueron abortados primero por decisión política del presidente, Eduardo Duhalde, y luego por fallos judiciales. Estos se fundamentaron en que la ley de emergencia obliga a renegociar los contratos antes de autorizar aumentos de tarifas.
Pero, como a su vez la revisión integral no se concreta, no habría nada encaminado sobre lo que podría opinar la misión del BM y del FMI. En las privatizadas, se cree que los lineamientos que puede dejar la delegación podrán ser tomados como base por el próximo gobierno, cuando deba renegociar los contratos.
• Marcha atrás
También en una de las compañías gasíferas se indicó que «la misión llegará a Buenos Aires luego de que probablemente esta semana, por tercera vez en cuatro meses, la Justicia obligue a dar marcha atrás con los aumentos en las tarifas de gas y electricidad, de modo que poco podrá decir frente a la impugnación judicial».
En ese sentido, ayer llegó al juzgado contencioso-administrativo de Susana Córdoba, la presentación realizada por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que objeta las subas de tarifas. La jueza ya se había expedido con anterioridad ordenando suspender los aumentos y cuestionando el «abuso» del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia.
La decisión estaría hacia el fin de semana, aunque antes podría conocerse la respuesta al recurso interpuesto por la defensora de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Olivera, con vigencia sólo para Capital Federal.




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