Conflicto con empresas de celulares

Está abierto un conflicto entre la Secretaría de Comunicaciones y las empresas de telefonía móvil, luego de que el titular de esa área, Marcelo Kohan, envió una nota a las compañías para que «se abstengan» de aplicar aumentos en el precio del «calling party pays», que pagan los usuarios de telefonía fija cuando llaman a un celular.

Las empresas habían decidido aplicar aumentos en ese precio y elevarlo de 0,31 de peso por minuto en la actualidad a 0,35 de peso como mínimo. El criterio empresarial es que el valor del CPP surgió de acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones, en la época de Germán Kammerath y posteriormente de Henoch Aguiar, pero que no se trata de «una tarifa regulada».

«El secretario no tiene autoridad para regular esto», dijeron en una de las compañías. «Este es un sector no regulado, y la empresa tiene derecho a fijar el precio que considere adecuado por la terminación de la llamada en un móvil propio», aseguraron en otra.

Desde el punto de vista oficial, en cambio, se considera que el usuario no elige la compañía de destino de su llamada, por lo cual no puede haber precios diferenciales.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, las empresas de móviles habían acordado con el secretario Aguiar un sendero descendente que partía de 0,35 de peso y llegaba a 0,28 de peso el minuto de CPP desde el 1 de enero de este año. Pero las empresas afirman que «el escenario cambió con la devaluación, y ahora hay que desandar el camino».

• Crisis aguda

La situación se encuadra en una aguda crisis para las empresas de celulares por la caída promedio de 20% en la facturación en el primer trimestre y el incesante traspaso de usuarios pospagos a usuarios prepagos que compran tarjetas con valores más caros por minuto, pero usan menos minutos.

Por otra parte, el CPP es uno de los principales ingresos de las empresas de móviles, y a esto se suma que persisten lo que ellas llaman «agujeros negros»: llamadas desde el exterior o desde algunas cooperativas del interior que no pueden identificarse y por consiguiente nadie paga la terminación de la llamada (o lo cobra la operadora telefónica de otro país en caso de que no haya acuerdo).

Con todo, compensar esas pérdidas con las llamadas desde los teléfonos fijos es una estrategia por lo menos vulnerable. Tras la carta de Kohan, las empresas estudian qué camino seguir, y algunas no descartan la posibilidad de aplicar igual el aumento.