Congreso pone en jaque las medidas de Cavallo

Los diputados y senadores de la comisión bicameral que analiza los poderes especiales que el Congreso le otorgó a Domingo Cavallo intimó ayer al gobierno para que en un plazo de siete días emita un decreto aclaratorio del 1.387 -base de las últimas medidas económicas lanzadas por el gobierno y que incluye el canje de deuda-; caso contrario, emitirán un dictamen derogándolo. Los cuestionamientos reales a ese decreto que se plantearon ayer en la comisión, por lo menos en esta instancia, no fueron económicos, sino legales.

Mas allá de la oposición del justicialismo a la medida en sí misma, el Congreso le planteó ayer a Chrystian Colombo, invitado a la comisión y que concurrió acompañado por Jorge de la Rúa, Horacio Liendo y Alfredo Castañón, la necesidad de aclarar jurídicamente sobre la base de qué facultad se tomó cada una de las medidas.

En los fundamentos del Decreto ómnibus 1.387, que el gobierno lanzó como cabeza del último paquete económico, se aclara que las múltiples medidas tomadas allí fueron sancionadas en uso de las facultades especiales otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, del artículo 99, inc. 3, de la Constitución Nacional y las facultades normales que tiene la Presidencia para emitir decretos comunes. Pero no aclara qué norma se basa en cada una de esas tres facultades.

Bajo esa circunstancia, los diputados y senadores creen que cualquier juez puede ordenar la suspensión de la aplicación de alguna medida del decreto.

Todos los presentes, incluso los legisladores de la Alianza, le pidieron entonces una solución alternativa reservándose en caso contrario la posibilidad de impulsar la derogación del decreto.

Es cierto que hoy las cámaras no tendrían tiempo legal para tratar un dictamen de la bicameral que derogara el Decreto 1387. Pero que la comisión emita una medida de ese tipo, con la posibilidad de que luego el nuevo Congreso avanzara con la eliminación, podría resultar lapidario para, por ejemplo, el canje de deuda que se basa en ese decreto.