La decisión del gobierno de atar el gasto al nivel de recaudación generó ayer incertidumbre en los proveedores, que anunciaron como medida preventiva la suspensión de las provisiones y prestaciones al Estado.
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El paquete de medidas para llegar al déficit cero motivó que el sector nucleado en la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPRE) reclamara definiciones al gobierno «para evitar desabastecimientos, sobreprecios y graves situaciones sociales».
Algunas de las dudas planteadas tienen que ver con los criterios que se emplearán con relación a los contratos pendientes de entrega y el método con el que se realizarán las compras a partir de la entrada en vigencia del Decreto 896.
También se puntualizó que la medida adoptada en la noche del miércoles no especifica qué mecanismo se adoptará para normalizar la deuda corriente de las facturas pendientes de pago (vencidas o no), como tampoco se establece la forma en que se garantizará la transparencia en los procedimientos, en particular la publicidad de los llamados a licitación.
En el decreto emitido por el gobierno se dejó entrever la posibilidad de recortar los pagos a los proveedores en la misma proporción que indique una baja en la recaudación.
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