31 de julio 2014 - 18:49

"Cualquier acuerdo entre privados no incumbe al Estado"

Jorge Capitanich
Jorge Capitanich
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a desvincular al Gobierno nacional de las negaciones encaradas por un grupo de banqueros y empresarios argentinos con los fondos buitres para la recompra de la totalidad de los bonos no reestructurados.

"Cualquier eventual acuerdo entre privados no implica incumbencia del Estado. Son negaciones por fueras de los canales oficiales, del respeto de los derechos esencial del Estado", afirmó Capitanich en su habitual conferencia de prensa matinal.

"El Estado debe cumplir el mandatos constitucionales y, en particular el artículo 75 (de la Carta Magna), sobre el arreglo de la deuda interior y exterior, y con ello el proceso de restructuración de la deuda, la leyes de Presupuesto y de Administración Financiera, entre otras", explicó.

Asimismo, destacó que "cualquier tipo de diálogo que promueva el Gobierno debe exigir condiciones justas, equitativas, sustentables y legales para el 100% de los bonistas".

Los contactos en Nueva York entre banqueros y buitres para acordar compra del 100% de la deuda avanzaron ayer y seguirán hoy, según pudo confirmar ámbito.com. El plan original de bancos liderados por ADEBA se cayó, pero continuaban negociaciones a través de entidades extranjeras. Sobre los montos a pagar no hay discusión, dado que el número final para comprar a acreedores el reclamo contra la Argentina oscila en torno a los u$s 1.400 millones. Había pujas sobre las cuotas; los fondos buitre exigen contar con u$s 700 millones antes de fin de año. El acuerdo apuntaría a pagar ahora u$s 250 millones y el resto en cuotas, siempre con títulos argentinos en dólares.

En este marco, Capitanich remarcó que "la acción de privados puede ser consulta o inconsulta", en referencia a los contactos con el Banco Central. "Cualquier acción de grupos de interés privados, de empresas o bancos, mientras que no tengas ningún tipo de vinculación con el Estado, no debería dispara la cláusula RUFO", aseveró.

"El Estado no puede brindar ningún indicio que pueda tener efector colaterales siguientes. La cláusula RUFO puede generar consecuencias legales si el Estado interviene de manera directa o indirecta. Por ejemplo, si participa un organismo estatal, o que los privado actúen por interés del Estado. Es necesario preservar la situación autónoma del Estado, para no generar ningún efecto colateral", expresó.

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