Cuando el Norte está en el Sur

Los anuncios realizados por el ministro de Economía antes de su viaje a EE.UU. son una nueva muestra de actitudes en las que priman la demagogia y la política sobre la racionalidad económica. Por suerte, su costo no es muy alto y, por lo tanto, tampoco habrá que lamentar demasiado. Sin embargo, es bueno que analicemos las medidas lanzadas, ya que de otro modo corremos el riesgo de repetir errores y con costos económicos y sociales aun más altos.

La idea de bajar el IVA de 21% a 19% para incrementar el consumo resulta por demás interesante. Si alguien no estaba evaluando una determinada compra ¿se puede suponer seriamente que decidirá hacerla si su precio baja 1,7% ($ 119/$ 121=0,983)? Para demostrar lo absurdo de la idea sólo es necesario que nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos. Sin embargo, existen incontables ejemplos pasados que demuestran que esto no funciona.

Menciono dos. La decisión del ex ministro Cavallo de bajar los aportes personales a las AFJP de 11% a 5% implicó un aumento del ingreso disponible de dichos trabajadores en casi 7% y el consumo siguió descendiendo. La otra medida, tomada por el mismo ex funcionario, fue la devolución de 5% sobre las compras con tarjetas de débito, que tuvo también un resultado nulo. De todas formas, en este último caso se puede argumentar que el objetivo principal fue incentivar un blanqueo de la economía al bancarizar el pago de las compras. Este último ejemplo sirve también para evaluar la alternativa a la medida anterior expuesta por el ministro Lavagna de aumentar este reintegro impositivo por compras con tarjetas de débito de 5% a 8%.

• Confianza

En realidad, el consumo depende de un factor principal: la confianza. Si la gente tiene menos incertidumbre sobre la evolución de la economía, de su empleo y del poder adquisitivo de su salario, entonces gasta más. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que es más importante en este sentido lograr un acuerdo con el FMI que nos permita no entrar en cesación de pagos con los organismos internacionales que cualquiera de las reducciones impositivas anunciadas.

Sin embargo, el propio ministro mencionó que uno de los problemas que está trabando el acuerdo es que el FMI estaría exigiendo un superávit primario mayor al que estarían dispuestos a aceptar las autoridades argentinas. El argumento es que no están dispuestos a subir más impuestos, lo cual comparto. El problema es que, a pesar de las complicaciones fiscales con el FMI, están planteando bajar los impuestos y esto ya suena absurdo. El gobierno está comprometiendo ingresos de este año y, sobre todo, del año que viene, cuando no estamos seguros de que vayan a sobrar ni queda claro que se puedan alcanzar los objetivos comprometidos en el Presupuesto de 2002 ni los propuestos en el proyecto para 2003.

Por otro lado, las metas con el FMI se pactan en términos de caja, es decir, de lo efectivamente pagado e ingresado. Si sobran fondos este año, ¿no sería conveniente adelantar el pago de parte de los sueldos y aguinaldos de jubilados o empleados públicos de diciembre, los que siempre se «patean» para enero? De esta forma, se aliviaría la carga del año entrante y nos acercaríamos algo más a las metas del FMI.

Una cuestión más: suponiendo que sobraran recursos fiscales, ¿lo más conveniente es bajar el IVA?Ya vimos que no tendrá mayor impacto sobre las decisiones de consumo, por lo cual hay que olvidarse de que se vea compensada la pérdida recaudatoria. Hoy el principal problema es el desempleo. Por lo tanto, resultaría más rentable socialmente bajar los aportes patronales, aunque más no sea para los nuevos empleos. De esta forma, se podría preservar una mayor cantidad de empleos o, en algunos casos, hasta generar alguna demanda adicional de trabajadores. Es socialmente más lógico incentivar que más gente tenga algún ingreso para subsistir y no que aquellos que ya lo tienen, tengan más para gastar.

Es más, una segunda alternativa mejor a la oficial resulta la de asignar a las provincias la recaudación del IVA que se pretende resignar, para que bajen en la misma medida el Impuesto a los Ingresos Brutos. El IVA es mucho más eficiente económicamente y más fácil de controlar y de cobrar que Ingresos Brutos. Además, este último distorsiona los precios relativos, ya que se carga como costo en cada etapa sin poder deducirlo en la siguiente. Esto último implica que existen incentivos a sustituir con producción propia los insumos que podrían aportar las PyMEs, de modo de ahorrarse el pago de ese impuesto.

El problema de fondo es que, más allá de que lo que propone el ministro, no tendrá impacto importante en las decisiones de consumo, hay alternativas mejores para asignar dichos recursos y sin poner más ruidos en la relación con el FMI. Pero bajar el IVA es políticamente más vistoso y atractivo.

• Tener en cuenta

Por último, no me opongo a una baja oportuna y racionalmente diseñada de los impuestos, ya que todo el aumento de la recaudación del que se vanagloria el gobierno es fruto de un tremendo impuestazo. En setiembre último, la recaudación aumentó contra el mismo mes del año anterior 24% nominal. Sin embargo, si estimamos cuánto debió haber aumentado la recaudación por los aumentos de impuestos que produjo este mismo gobierno (ej.: retenciones a las exportaciones y no deducibilidad del impuesto a los créditos y débitos bancarios), el resultado es que debió habar aumentado 22%. Por otro lado, el impuesto inflacionario generado con la devaluación debió haber implicado un incremento de la recaudación de 18%. Por lo tanto, por estos dos últimos factores, los ingresos tributarios deberían haber subido nominalmente 40%.

Este análisis enseña que, en setiembre de 2002, los ingresos tributarios se cayeron, en términos reales, 16%. Esa es la tendencia constante que tiene la recaudación y que se puede observar en el gráfico. Por lo tanto, podríamos preguntarnos qué es lo que festeja el gobierno y obligarlo a admitir, en cambio, que sería milagroso que la recaudación nominal siguiera cayendo después del impuestazo y la inflación que nos supieron dar este año.

(*) Economista, socio y director general de EXANTE