Cumple 100 años la quimera de jubilarse en la Argentina

Desde que la Argentina cuenta con un sistema de jubilaciones y pensiones, el Estado recurrentemente intervino en su funcionamiento, depurando los activos previsionales de los aportantes. Según explica en el trabajo «La reforma previsional en la Argentina», elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), una de las mayores pérdidas se registró en la reforma de 1968, cuando se reemplazó el sistema de capitalización vigente en ese momento por un sistema de reparto.

En esa ocasión, gran parte de los fondos estaban ya invertidos en títulos públicos a tasas fijas, que no incorporaban en ajustes en una economía con inflación, lo que derivó que el Estado terminó reconociendo apenas 1% del capital original.

Las siguientes fueron las principales características del sistema previsional desde sus inicios:

• El régimen de jubilaciones y pensiones comenzó en 1904 en el país. Al principio sólo estaban incluidos trabajadores del sector público, pero desde 1920 se fue extendiendo al sector privado.

• El sistema inicialmente se financiaba con deducciones salariales, y otorgaba beneficios a los contribuyentes proporcionales a las contribuciones realizadas.

• Hasta mediados de la década de 1960, la organización básica del sistema respondió a un esquema de capitalización de aportes.

• Al igual que en el sistema actual, la acumulación de títulos públicos, por parte de los fondos previsionales, fue también característica del sistema vigente a comienzos de siglo, hasta que en 1946 se consolidaron todos esos títulos bajo la forma de un bono único denominado «Obligaciones de Previsión Social» (OPS).

• En la década de 1950 la acumulación de esos títulos públicos en las «cajas» de previsión representó 47% del PBI. Ya en la misma década, más de 50% del flujo de recaudación de las cajas era colocado en OPS.

• Sin embargo, desde fines de la década del '50, el sistema presentaba un notorio desequilibrio de flujos, ya que el Estado utilizaba los fondos previsionales para financiar gasto no previsional, y entonces, el Tesoro General de la Nación debía hacer frente a tales desequilibrios con fondos de rentas generales.

• La crisis del sistema desembocó en su reforma en 1968, donde se reemplazó el sistema de capitalización vigente por un sistema de reparto. La reforma se completó en 1970, al disponerse el rescate de las OPS, haciéndose explícita una importante pérdida en términos reales para sus tenedores (las cajas de previsión).

• Es que si bien los títulos públicos en poder del sistema previsional superaban 50% del PBI de la economía, eran títulos a tasa fija en una economía de alta inflación que no incorporaban ajustes, lo que generó una reducción importante de la deuda del gobierno nacional y de los activos previsionales de la gente. A eso se sumó el hecho de que el rescate de OPS se realizó a través de pagos iguales a lo largo de diez años sin interés ni actualización.

• Dada la elevada tasa de inflación en ese período, se estima que el Estado abonó menos de 10% de la deuda reconocida (que a su vez representaba menos de 1% del capital original).

La reorganización del sistema previsional de 1968 derivó en un régimen mixto administrado exclusivamente por el Estado. Según explica FIEL, el gasto previsional originado en el sistema nacional de jubilaciones y pensiones fue en promedio de 5,25% del PBI en la década de 1980, y requirió en forma ininterrumpida desde 1980 de ingresos de otras fuentes para mantener su equilibrio operativo. En 1993 se aprobó la nueva reforma previsional, sistema que rige en la actualidad, y que hoy nuevamente se discute una vuelta al viejo sistema de reparto que fracasó.