Por tercera vez en su gestión, el gobierno nacional anunció la remisión al Congreso de un proyecto de ley para distribuir la Cuota Hilton. Esta vez, llegó al Senado de la Nación un proyecto que lleva la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y de los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Justicia, Horacio Rosatti, y mantiene los lineamientos establecidos por Resolución 113 y su modificatoria 913, hoy vigente, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
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En líneas generales, la norma intenta encauzar el problema de la judicialización de la Cuota Hilton, pero termina invadiendo -según algunos juristas- atribuciones del Poder Judicial. El proyecto no sólo acota atribuciones, sino que pretende quitarles a los jueces que hoy actúan sobre la cuota la posibilidad de cerrar el expediente.
La propuesta respeta el derecho de las empresas a solicitar «amparos» judiciales para acceder al beneficio, pero limita su intervención al fuero Contencioso Administrativo Federal, con lo cual se elimina la participación de los juzgados comerciales y penales económicos que actualmente intervienen en la distribución de más de 10 mil de las 28 mil toneladas de la Cuota. En los fundamentos del proyecto se afirma que «a fines de evitar diversas interpretaciones originadas en una probable colisión de normas resulta menester ordenar a los jueces intervinientes... la remisión de las actuaciones a los tribunales cuya competencia se fija en este proyecto de ley así como excluir de la radicación del juez del concurso preventivo o de la quiebra cualquier cuestión relativa a dicho cupo tarifario».
Este es el tercer intento de la Secretaría de Agricultura, que maneja Miguel Campos de presentar un proyecto de ley ante el Congreso. El primero llegó a la Cámara baja, pero perdió estado parlamentario por la falta de tratamiento. Durante el verano se anunció un nuevo proyecto elaborado en Economía, pero nunca fue recibido por los legisladores.
La industria exportadora, en tanto, manifestaba sólo su «conformidad con toda norma que intente resolver el problema de la judicialización de la Cuota», según Mario Ravetino, vocero del Consorcio ABC, el grupo más perjudicado por la última distribución.
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