Una vieja humorada refería que un acaudalado estanciero, envuelto en grueso litigio, había dado orden estricta a sus abogados que le informaran desde Buenos Aires, al instante de conocerse el fallo sobre el caso. Cierto día, recibió un telegrama de los mismos, que escuetamente le comunicaba: «Ha triunfado la Justicia». De inmediato, el hombre envió otro: «Apelá». En la vida real, anécdotas sobre personajes famosos -y de gran fortuna- se pueden recopilar a montones, respecto de conseguir los fallos favorables a sus intereses, más allá de la Justicia. Tal vez resulte una de las hipocresías mayores -constantes- ver que se pida «justicia» a voz en cuello, siempre y cuando el fallo no condene la posición ostentada: a la que se da por sentada, como la única que corresponde fallar.
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En estos tiempos, mucho más laxos que nunca en lo que hace a escala de valores, se está en plena tarea de procurar que los litigios que se llevan a cortes internacionales (en especial por reclamos empresarios, o de algún tipo de acreedor) derivan en dirección a nuestra propia Corte Suprema. No solamente en lo que pueda llegar en adelante, sino corrigiendo los casos que ya poseían la facultad de realizarse ante otros foros y, mucho de ellos, plenamente encaminados.
Con los recursos más heterodoxos, como colocar a la Constitución por encima de cualquier cláusula previamente establecida -como en los títulos de deuda-, todo indica que se habrá de legislar sobre tal cambio de estrados: para el futuro y para el pasado. ¿Será porque se teme que los fallos de cortes internacionales no se atengan a derecho? Más bien, habría que suponer a la inversa: y es que trayéndolos aquí, estaría cuasi asegurado el fallo favorable a nuestros intereses. De modo coincidente, o no, respecto de «si ha triunfado la Justicia».
Esto convertiría cualquier tipo de acto fallido en el futuro argentino en algo mucho más grave que un default: en la directa exposición a estar atado el acreedor, o el litigante empresarial, a decisiones notablemente incididas por la presión política de los que gobiernen en cada época. Que, de paso, podrán ampliar o contraer el número de jueces -si es que los fallos pueden correr algún riesgo- y todo lo que se ha venido realizando, ante cada mandato ejercido desde la vuelta a la democracia. Quienes supongan que poseer un título local oficial, presente y futuro, es mucho más confiable que los del pasado fallido puede que en cierto momento -en corto, o en largo plazo- se lleven el más soberano de los chascos. Y los que simplemente se movilizan invirtiendo, teniendo en cuenta la tasa de retorno, o la fluidez del activo, dejando de lado otros considerandos muy delicados (como el marco jurídico) harían bien en seguir de cerca los otros aspectos.
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