De la Rúa firma hoy el tope para salarios

El presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, tendrá hoy en su escritorio para la firma el decreto que dispone un tope salarial para la administración pública. Ningún empleado que trabaje en el Estado nacional podrá ganar más de $ 6.905 por mes, contando el sueldo y los gastos protocolares, según quedó establecido.

Para fijar el salario máximo se puso como límite el sueldo del jefe de Gabinete. El cálculo efectuado surge de bajarle 26% el salario que se percibe por esa función desde 1995. Ese año se dispuso una rebaja salarial del salario, que llegaba a los $ 5.400.

El tema está generando no pocos debates y discusiones dentro del gobierno. Algunos señalan que con este nivel salarial será casi imposible contar con los mejores especialistas para que se sumen a la función pública. Como consecuencia, será necesario tercerizar cada vez más distintas funciones que se desarrollan dentro del Estado para traspasarlas al sector privado.

• Quejas

También hubo numerosas quejas de funcionarios que estaban ganando más de $ 15.000 por mes, sobre todo los directores de organismos descentralizados y directorios de bancos públicos. Por ejemplo, los cerca de 280 directores que tienen unos 50 organismos descentralizados ganan un sueldo de $ 6.500 en promedio. Pero a la cifra hay que sumarse los gastos protocolares, lo que prácticamente duplica este ingreso.

Mientras tanto, el gobierno están decidido a dar pasos concretos para eficientizar la función pública. Entre otras cuestiones, acelerará la puesta en marcha de la nueva Ley de Compras del Estado, reducirá la cantidad y los sueldos de directores de organismos descentralizados, y se firmarán convenios para que los funcionarios trabajen «a resultado», como se estila en el sector privado.

El secretario de Modernización del Estado, Marcos Makón, es quien está impulsando las iniciativas «que no producen grandes ahorros por sí mismas, pero sumadas hacen una gran diferencia», según expresó a Ambito Financiero.

Los principales cambios que apuntan a mejorar la gestión del Estado se centran en las siguientes áreas y esquemas:

• Organismos descentralizados: Se recortarán sustancialmente los 280 cargos de directores que tienen reparticiones como el Conicet, INTA, INTI, y la Dirección de Vialidad. Sus sueldos promedios llegan a u$s 6.500 por mes y por lo general está vinculado al típico gasto político. «Se puede obtener un ahorro de hasta u$s 27 millones sólo en concepto de salarios», a lo que deben sumarse otros gastos vinculados a la tarea de gerenciamiento. La intención es que haya un solo director políticoadministrativo por organismo para reducir la burocracia. El control de la gestión quedará a cargo de la auditoría interna de cada organismo, según lo dispuesto en la Ley 24.156. También se procederá a la disolución de otros, como los casos del Tribunal de Tasaciones y la Comisión Arbitral.

• Remuneración según resultado: Este esquema que se aplica en el sector privado desde siempre, recién ahora está llegando a la función pública. El caso testigo comenzó a aplicarse en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Allí se contrataron dos funcionarios que cobrarán según la calidad de gestión. En caso de incumplimiento serán despedidos, ya que no gozarán de la clásica estabilidad del empleado público. La intención es utilizar este tipo de mecanismo de remuneración variable en todas las reparticiones del Estado que sea posible.

• Nueva figura de gerente de programa: Es parte de la iniciativa anterior. Esta nueva figura que se incorpora a la órbita estatal: se tratará de un funcionario contratado por tiempo determinado, que tendrá que cumplir con objetivos concretos. Como máximo, el contrato no podrá extenderse por más de cuatro años y será renovable anualmente para evaluar si cumplió o no con lo comprometido. El Ministerio de Educación y la ANSeS serán los primeros en incorporar esta figura. En el primer caso, por ejemplo, se eliminan ocho direcciones que supervisaban la educación básica y serán reemplazadas por cinco gerentes de programa.

• Licitaciones públicas por Internet: El gobierno ya tiene listo el nuevo proyecto de ley de compras, que en las próximas horas sería aprobado por el Procurador del Tesoro. Prevé que todas las compras a proveedores se realicen a través de Internet.

«Podemos conseguir un ahorro de 10% en los precios, con lo cual podríamos conseguir ahorros de $ 200 millones al año», aseguró Makón, quien reconoce que «el proceso de adquisición del Estado es muy engorroso y poco eficiente, lo que se traduce en un sobrecosto a la hora de realizar compras a proveedores». La nueva ley de compras reemplazará a la que está vigente desde 1954.

En cuanto al recorte de precios a los proveedores del Estado, se confirmó que la rebaja llegará a 13% sobre el precio pactado originalmente. La zanahoria que ofrece el Estado es una fecha cierta de cobro, que sería mucho más rápida que la vigente en la actualidad. Algunas reparticiones presentan atrasos superiores a los 180 días para cumplir con el pago.

Ahorro

Periodista: ¿Cuánto puede ahorrarse por año con las medidas de eficiencia del Estado?

Marcos Makón: Es imposible hablar de una cifra exacta. Pero lo importante es que si el Estado aumenta en eficiencia provocará también un ahorro de costos muy grande para el sector privado.

P.: ¿Qué pasará con los empleados contratados en las distintas reparticiones del Estado?

M.M.: También estarán sujetos al recorte, en forma paralela a lo que ocurra con los empleados de planta permanente. Tendrán diez días para contestar si aceptan la rebaja. Si la respuesta es negativa, se considerará rescindido el contrato. Esto rige incluso para los programas que son financiados por organismos multilaterales.