El peronismo tratará de apurar hoy la investigación sobre el megacanje en la Auditoría General de la Nación. A partir de las 9, los 7 auditores se encontrarán en la Sala de Acuerdos para discutir el plan de acción. La AGN comenzó a actuar luego de que el juez federal Jorge Ballesteros reclamara información sobre la negociación con los bancos para posponer los vencimientos de la deuda.
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El juez Ballesteros abrió un expediente en Tribunales, tras una denuncia del abogado radical Juan Carlos Iglesias y de algunos militantes del PJ, para determinar si están fundadas las sospechas de que Domingo Cavallo y su segundo en Economía, Daniel Marx, cometieron presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Los querellantes subrayan que los 7 bancos privados que participaron de la operación recibieron $ 132 millones en concepto de comisiones, más $ 100 millones en la categoría de gastos.
El cuarteto del PJ, que animan Rodolfo Barra, César Arias, Héctor Durán Sabas y Julio Casabellos, hará valer su mayoría frente a las maniobras dilatorias del oficialismo, representado en este organismo por los radicales Francisco Fragoso y Alfredo Fólica, más el catamarqueño Mario Fadel (Frepaso).
La oposición, a instancias del menemista (rama Eduardo) Durán Sabas, promoverá un operativo de emergencia, de amplio espectro, para desmenuzar el Decreto 648 que firmó Fernando de la Rúa para habilitar el canje de deuda. Durán Sabas intentará «despegar» la embestida de la detención de Carlos Menem, ya que el peronismo viene siguiendo con atención esta negociación desde antes que Jorge Urso dispusiera la prisión domiciliaria del ex presidente. El gobierno, por supuesto, procura mostrar que se trata de una vendetta por el cautiverio del antecesor de Fernando de la Rúa. En algún momento se especuló también con aplicar la misma figura de asociación ilícita que impuso el fiscal de la causa Armas al riojano más famoso.
Además de las derivaciones de la resolución del Poder Ejecutivo, se estudiará la legalidad del decreto mismo. Según este auditor, el cuerpo debe expedirse en el plazo que pidió el juez Ballesteros, quien tomó intervención en la causa. El magistrado habló de 20 días en su oficio al edificio de la calle Hipólito Yrigoyen y ése es el lapso que aspiran imponer Durán Sabas y sus compañeros.
La «línea», como se identifica la gerencia -a la sazón la de deuda pública-que interviene en la pesquisa, auspicia comenzar recién en agosto con el análisis del megacanje. La Auditoría dispondría, de acuerdo con este esquema, de 4 meses para expedirse. Es decir que el resultado recién se conocería a fin de año o en 2002. De esta forma, quedarían diluidos los efectos de la investigación que el PJ pretende acelerar. Obviamente, la gerencia actuante representa el ala radical que, en la cita de hoy a la mañana, será defendida por Fólica y Fragoso. Ballesteros reclamó a los auditores que «informen sobre los aspectos jurídicos, económicos, bursátiles y administrativos y cualquier antecedente» del megacanje. Bajo la lupa tribunalicia se ubican las secretarías de Finanzas y de Hacienda, la Oficina Nacional de Crédito Público y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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