Default: se unen aquí 500 mil ahorristas
Crecen las demandas de los argentinos que tienen títulos del Estado en default. Y al mismo tiempo avanzan en la conformación de una o más agrupaciones, al estilo de las que se están formando en Alemania, Italia y los Estados Unidos. Son cerca de 500.000 personas las damnificadas por la cesación de pagos. Tienen BONTES, LETES, BOCON, entre otros papeles. Reclaman equidad: ¿por qué el gobierno les paga a ahorristas en bancos con BODEN y a nosotros, que prestamos directamente al Estado, nos aplican quitas de 70%?, plantean. La Justicia, al igual que con los depositantes, rechazaría la pesificación de los bonos.
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Insólitamente, en la Argentina los inversores afectados no se habían organizado de una manera profesional que les permitiera canalizar efectivamente sus justos reclamos y salir de la situación de ser virtuales ciudadanos de segunda clase. Incluso hasta el punto de que el Ministerio de Economía le reconoce un mejor tratamiento a aquel ahorrista que depositó su plata en un banco que al ahorrista que le prestó al Estado.
A fin de reparar estas injusticias, los acreedores nacionales, que suman aproximadamente 500.000 contando a los que tienen títulos y créditos domésticos (BONTES, LETES, BOCON, préstamos garantizados, etc.) y bonos externos (Global, Brady, eurobonos, etc.) han conformado un comité de inversores argentinos. Se denomina Asociación de damnificados por la Pesificación y el Default, como un comité de bonos especialmente formado. Su objetivo es, al igual que sus contrapartes extranjeras, que el Estado les reconozca sus derechos a recibir los dólares oportunamente prestados o pesos al tipo de cambio de mercado. En concreto, los más de 500.000 inversores argentinos damnificados por el default piden lo siguiente.
Con respecto a créditos domésticos, (i) la redolarización de sus tenencias; (ii) rechazan la arbitraria e injusta postura de Lavagna y Nielsen de discriminarlos con respecto a otros inversores argentinos (por ejemplo, tenedores de BODEN), y argumentan que no hay razones serias para darle un mejor tratamiento al que depositó la plata en un banco que al inversor que le prestó la plata directamente al Estado; y (iii) una vez lograda la redolarización, el esquema de reestructuración debe ser discutido con ellos y sus intereses, fuertemente protegidos (aceptarán sólo sacrificios que sean razonables, como cierta reducción en la tasa de interés y algún alargamiento de plazos).
El monto de estos créditos es de u$s 6.000 millones (LETES, BONTES, BOCON, etc.) y más de u$s 19.000 millones de préstamos garantizados (de los cuales las AFJP tienen u$s 16.000 millones aproximadamente). Un número significativo de estos inversores minoristas ya ha recurrido a los tribunales argentinos, habiendo obtenido sentencias favorables a sus reclamos. Básicamente, los jueces han decretado que la pesificación de la deuda pública es inconstitucional.
En relación con los bonos externos, los inversores argentinos (que tienen en sus manos aproximadamente la mitad de dichos bonos, es decir, más de u$s 20.000 millones) rechazan quitas sobre el capital, y pueden considerar reducciones en la tasa y mayores plazos, pero sólo en la medida en que el Estado brinde seguridad sobre el repago y que en caso de haber un nuevo default, deje sin efecto aquellos sacrificios realizados por los inversores. Al igual que los tenedores de deuda doméstica, una importante cantidad de estos inversores también ha iniciado acciones en los tribunales de Nueva York.
• Patrocinio
En conjunto, buscan conformar una poderosa organización que patrocine a los ahorristas que invirtieron en la deuda pública ante la opinión pública, el Poder Judicial y el gobierno. En el primer caso, se apunta a reforzar el creciente entendimiento de que estos inversores no son ciudadanos de segunda clase y que sus reclamos son tan legítimos como los de los ahorristas bancarios. Con respecto a la Justicia, intentan fortalecer la actual jurisprudencia que está protegiendo sus derechos. Y en relación con el gobierno, buscan sentarse a la mesa de negociaciones para evitar que Lavagna y Nielsen dejen de tener en cuenta mínimamente sus reclamos. Algunos han indicado que no descartan iniciar acciones penales contra los funcionarios públicos que concreten actos discriminatorios.
El reclamo de estos inversores locales muestra a las claras la ignorancia de los políticos que plantearon e implementaron medidas de tipo populista, como el mismo default, pensando que los acreedores eran un puñado de bancos internacionales con sede en Wall Street. Precisamente, esos bancos se salieron de la deuda argentina bastante antes del default. Por el contrario, entre los más afectados por default, en cambio, se encuentran los propios ahorristas argentinos minoristas, además de las AFJP, es decir, los jubilados futuros.
(*) Autor del libro «El default y la reestructuración de la deuda argentina», de próxima publicación.
(**) Especialista en derecho administrativo económico.
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