La nueva Cámara de Diputados, en su primera y última sesión del año, podría convertir hoy en ley el proyecto que permitirá la aplicación de la figura de asociación ilícita para algunos casos de evasión tributaria, el último capítulo del primer paquete antievasión enviado en julio por el gobierno de Néstor Kirchner al Poder Legislativo.
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La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pasó luego al Senado, que modificó el proyecto en la Comisión de Legislación Penal, encuadrando la figura de la asociación ilícita en la Ley Penal Tributaria y no en el Código Penal, como lo había dispuesto la Cámara baja.
En la sesión de hoy, los diputados deberán aprobar o desechar las modificaciones realizadas a la iniciativa que respeta lo que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo. El texto prevé, además, penas de tres años y seis meses hasta diez años para aquellos que sean partícipes necesarios de una asociación ilícita integrada por tres o más personas, en tanto que prevé cinco años de prisión para los «organizadores». Con esto, a los que estén acusados bajo esta figura, se les aplicará prisión efectiva y no podrán beneficiarse con excarcelaciones.
Entre otras acciones ilegales, el gobierno quiere facultades para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que maneja Alberto Abad, pueda acusar ante la Justicia a potenciales evasores que hayan incurrido en la confección y distribución de facturas apócrifas y la elaboración y venta de software para la alteración de programas de computación para las llamadas «cajas negras».
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