Lentamente, el gobierno empezó a dar los primeros pasos para lo que será el contenido definitivo de la propuesta de reforma impositiva que antes de fin de año podría enviarse al Congreso y que se aplicaría desde fines de 2004. Según las definiciones que ya se conocen, habrá una baja en el impuesto al cheque que podría tomarse a cuenta del tributo a las Ganancias, pero también se impulsará una generalización del IVA y la aplicación de un impuesto a la renta financiera.
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El texto definitivo del proyecto de ley que será enviado al Congreso en las próximas semanas está siendo elaborado en la Secretaría de Hacienda que maneja Carlos Mosse, que lo elevaría a la oficina de Roberto Lavagna en octubre, quien a su vez lo enviaría a la Casa de Gobierno en noviembre. La esperanza es que en el primer trimestre del próximo año el proyecto ya esté en vías de aprobación en el Poder Legislativo, tal como figura en el acuerdo firmado por la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De todas formas, el gobierno tiene tiempo para cerrar los cambios, ya que el acuerdo con el organismo financiero internacional habla del presupuesto 2005 como límite y no el del próximo año. Sin embargo, y para el caso de la rebaja del impuesto al cheque y la aplicación del impuesto a la renta financiera, el gobierno quiere que ya esté en vigencia en el segundo semestre de 2004. Los primeros bocetos de la reforma mencionan la posibilidad de que el tributo a los débitos y créditos bancarios sea reducido de 1,2 a 1% como mínimo, o que ese tributo pueda ser tomado a cuenta de Ganancias.
Además, se especula con que la reforma impositiva incluirá la generalización en el pago del IVA, sumando así a actividades hoy exentas, como el transporte automotor.
Por ahora, el tratamiento de esta reforma tributaria es estrictamente interno dentro de Economía. Sin embargo, diferentes entidades pidieron al gobierno que abra el debate para discutir ese contenido. En este sentido, ayer el Consejo Profesional de Ciencias Económicas reclamó participar en el debate ya que según la visión de este organismo (que agrupa a algo más de 50.000 contadores públicos radicados en la Capital Federal), «se hace necesaria la participación de la sociedad civil y, en particular, de las instituciones del sector privado más comprometidas con el tema», según se menciona en un comunicado.
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