Definen más designaciones para los entes de control

Ya hay trascendidos serios sobre nuevas designaciones en los entes reguladores. En el Ente Regulador Eléctrico, la presidencia sería ocupada provisoriamente (hasta que se concrete el concurso público) por Ricardo Martínez Leone. Este ya fue director del ENRE y es actualmente presidente de la Asociación Argentina de Entes Reguladores, y cuenta con el respaldo de la Federación de Luz y Fuerza. Pero también se menciona para el mismo cargo o como segunda designación a Angel Cirasino, mendocino, perteneciente a la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI).

Para el organismo de control del gas (Enargas), se menciona a Hugo Muñoz, también designado en forma transitoria y con antecedentes en el mismo ente. Pero también se habla de Ricardo Mork y Ricardo Bussi.

Muñoz ya fue director del Enargas en los primeros años del ente, y en esa época se lo consideraba vinculado a Eduardo Bauzá. Mork es uno de los 16 preseleccionados en el concurso que no se terminó el año pasado. Fue funcionario en Gas del Estado y en YPF, revistando en esta empresa hasta la actualidad dentro del proyecto Mega (de separación de gases en Neuquén). Bussi ya fue director del Enargas y se lo considera allegado al peronismo bonaerense.

En el Enargas permanecerá su presidente, Héctor Formica, que fue designado por concurso y tiene aprobación del-Congreso. No se sabe en cambio si seguirá Osvaldo Sala, que fue nombrado provisoriamente el año pasado por decreto de Eduardo Duhalde.

• Quórum

En realidad, tanto en el Enargas como en el ente eléctrico, el proyecto oficial era en principio que se forme el quórum mínimo de tres directores que prevé la ley. Por lo cual algunos de los que se mencionan, no sería nombrado, y Sala sería removido.

En el ente eléctrico hay ya dos directores nombrados por las provincias a través del Consejo Federal de la Energía, porlo cual Martínez Leone o Cirasino reemplazarían a Juan Legisa, presidente del organismo, cuyo mandato venció, como también caducaron las dos prórrogas que autorizó Duhalde.

El ministro de Planificación, Julio De Vido y el propio presidente Néstor Kirchner son los que definirán los nombramientos. Ya están designados Fulvio Madara en la Comisión Nacional de Comunicaciones y Roque Lapadula en la Comisión del Transporte. Al gobierno le falta además definir dos situaciones importantes. En el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sociales (ETOSS), que controla a Aguas Argentinas, el Estado nacional debe confirmar o remover a los representantes del Estado nacional, dándose como hecho que será removido Eduardo Cevallo, y con menos énfasis que también será reemplazado Sergio Mileo.

Como el contrato de Aguas Argentinas es uno de los que más críticas suscita en los organismos de defensa de los consumidores y merecerá, según se sabe, un tratamiento muy exhaustivo, se espera que el gobierno designe a hombres de confianza en el ETOSS, aunque no puede intervenirlo porque es un organismo tripartito, en el cual también hay dos directores por la provincia de Buenos Aires, y otros dos por la Capital Federal.

El otro cargo importante que falta cubrir es la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El presidente designado por Duhalde, Orlando Caporal, renunció y está con licencia. Hay además otros tres directores que lo acompañaban.

La nueva conformación del organismo de aeropuertos resulta muy importante porque el gobierno está decidido a dar marcha atrás con la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentina 2000 que firmó Duhalde en la última semana de gobierno. Si el contrato va a volver a revisarse, el ORSNA tendrá un rol decisivo.

En lo que se refiere a Aeropuertos, hasta ayer el tema seguía en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y no hay un proyecto de decreto todavía elaborado. Es más, corre la versión de que el gobierno podría finalmente no dictar un nuevo decreto para anular el que firmó Duhalde con lo cual se evitaría cierto roce con el ex presidente.

Como el decreto está suspendido por la Justicia, el gobierno podría no apelar, con lo cual la norma se caería sola. Por otra parte, el decreto no tiene la aprobación de la Comisión Bicameral del Parlamento, mientras el gobierno dijo que todas las renegociaciones deben contar con el respaldo de ese organismo. La intención de evitar que se lo acuse de «trato discriminatorio», sobre todo en los foros internacionales donde las privatizadas tienen iniciadas acciones contra el Estado nacional, permitiría fundamentar la marcha atrás, ya sea a través de un presunto decreto o de una decisión de hecho.