El decreto que impuso retenciones a la industria petrolera obedeció, al parecer, a la intención de Eduardo Duhalde de responder a una demanda que presentó ayer el poco serio y mediático abogado Ricardo Monner Sanz. Este pidió a la Justicia la declaración indagatoria del Presidente por el presunto delito de «violación de los deberes de funcionario público» por demorar la reglamentación de la ley que establece un impuesto especial a las exportaciones de hidrocarburo.
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El pedido fue fundado en tres carillas, en el que, además, solicitó la investigación de otros funcionarios de gobierno por otros supuestos delitos. La denuncia penal apuntaba a tres líneas de investigación: para que se investigue el supuesto no pago de los impuestos para la exportación de hidrocarburos, la situación del fondo de seguro para ahorristas y la licuación de pasivos de las grandes empresas.
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