Fondos de inversión gestionan que la SEC y la ICMA acepten cambios que propuso Argentina

Economía

Deberán intervenir ante las dos máximas entidades que regulan los mercados de capitales mundiales: sólo así se superarán determinadas trabas establecidas para ir cerrando el canje.

Los abogados que representan a los bonistas con títulos emitidos bajo legislación internacional, le dieron su palabra a sus colegas del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Serán los fondos de inversión más grandes del mundo los que intervendrán ante la Security and Exchange Commission (SEC) y la International Capital Market Association (ICMA); para que las dos máximas entidades que regulan los mercados de capitales mundiales, con el tiempo, acepten los cambios que se impondrán luego que cierre el proceso de canje de la Argentina. Especialmente en cuanto a las normas de aplicación de las aceleraciones y las reasignaciones y sus límites que se incluirán en el proceso que Alberto Fernández y Martín Guzmán comenzarán a cerrar en los próximos días. Como se descarta que el país obtendrá las mayorías necesarias para lograr la calificación de canje exitoso (75% promedio, 85% para los bonos emitidos en 2005 y 2020 y el 65% de los lanzados desde 2016 en adelante), el proceso quedará cerrado para la inscripción el 24 de octubre y el 4 de septiembre se lanzarán los nuevos títulos públicos que reemplazarán a los reestructurados. Cualquier aval de ambas autoridades mundiales demandará no menos de seis meses reales, con lo cual, en parte, el país dependerá del tiempo para que la SEC y la IMCA avalen definitivamente el proceso. Y, se sabe, eso sucederá sólo si intervienen directamente “manos fuertes” de los mercados mundiales. Y como varias de estas son protagonistas del proceso argentino (como acreedores), la oportunidad que la autoridad de Wall Street y la que regula el resto del mundo (especialmente Europa) avalen lo más rápido posible el canje local (y también el ecuatoriano); será entonces responsabilidad de los fondos de inversión.

La ecuación es simple. En el caso de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) se trata de una agencia oficial del Gobierno norteamericano), habilitada para regular la industria de los valores, los mercados financieros de la nación, así como las Bolsas de valores, de opciones y otros mercados de valores electrónicos. Define su misión como la de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. Está dirigida desde 2017 por Jay Clayton, un abogado cercano a Donald Trump proveniente del estudio Sullivan & Cromwell, el mismo estudio que representa a la Argentina en sus dos casos más importantes hoy abiertos en Nueva York: la demanda de Aurelius por el cupón PBI y por la manera en que se realizó la reestatización de YPF. Clayton tiene una imagen de hombre flexible y activo, y siempre receptivo a lo que necesite Wall Street. Se supone que un primer aval legal será el momento en que Clayton firme el 4 de septiembre la legalidad de la emisión de los nuevos bonos. Pero luego habrá que esperar a que los cambios institucionales queden firmes y recomendables para ser extendidos a nivel internacional. La ventaja de la SEC es que al ser un organismo público norteamericano que regula acciones de privados sus decisiones son sumarias de la conducción y no dependen de directorios o boards.

No es el caso de la IMCA, donde los cambios a las finanzas internacionales son más estructurales y tomados como norma mundial (incluyendo Wall Street) con lo que las modificaciones en las CAC y las reasignaciones quedarían más firmes y sólidas que con un aval de la SEC. Sin embargo, el esquema de toma de decisiones en la entidad demora más tiempo y depende de lo que decida un board. La IMCA está radicada en Zurich, Suiza, y su director ejecutivo desde 2009 es Martin Scheck, un ex KPMG y Swiss Bank Corporation que maneja la entidad con criterio flexible pero duro. Su llegada a la entidad es fruto del empoderamiento de la entidad luego de la crisis de 2008, y tiene como misión trasparentar los movimientos internacionales de los mercados de capitales mundiales. Enemigo público de los fondos buitre, intervino personalmente para habilitar las nuevas trabas para las acciones legales de los holdouts aplicadas desde 2014 y sobre las que la Argentina se apoyó para lanzar sus títulos públicos emitidos desde 2016 hasta 2018 y que ahora son reestructurados. Trabajará sobre la presentación del tema ante el board con Paul Richards, el managing director de INCA responsable del área de Practicas y Políticas Regulatorias, quien fue el responsable de reglamentar los cambios de 2014. Luego será responsabilidad del board, donde se descarta no habrá problemas para la aprobación. Se trata de un cuerpo de 22 miembros más Scheck, integrado, entre otros, por “embajadores financieros” de Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, J.P.Morgan. Barclay´s, Credit Suisse, Allianz y Commerzbank. Sin embargo la llave para que el caso argentino se acelere está en que el cuerpo también está integrado por el HSBC y el Bank of America, los dos bancos contratados por el Gobierno de Alberto Fernández para colocar los nuevos bonos. Pero la clave del éxito de la reestructuración ante el ICMA está en el sillón que Joanna Cound detenta en el board. Cound es la delegada de BlackRock en el directorio y, quiso el destino, la encargada de decidir el temario de cada reunión. Si quisiera Larry Fink, el caso argentino sería parte de la próxima reunión del ICMA. El problema es que no hay agenda del board hasta dentro de un mes y con temario exclusivo del covid19. Será el momento para que el hombre fuerte de Wall Street, otra vez, demuestre que tan influyente es.

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