Gobierno, obligado a reperfilar tratamiento con acreedores

Economía

Tranquilidad por la decisión en la provincia de Buenos Aires. Había sido la recomendación del "Comité Asesor" y de Hernán Lacunza.

Los acontecimientos de ayer obligarán a Alberto Fernández a tomar una nueva y clave decisión sobre la política de deuda y vencimientos antes del inicio duro de las negociaciones con los acreedores externos. Qué hacer con los aproximadamente u$s 7.000 millones que vencen hasta abril de este año, mes en el que todo el proceso de reestructuración debería estar terminado, se espera, exitosamente.

Ahora, y en el muy corto plazo, el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrán que definir si se pagan el 13 de febrero al contado los 94.500 millones de pesos que quedaron sin definir dentro del bono Dual, que ayer tuvo una aceptación de canje del 10%, y que casi empuja a la Secretaría de Finanzas a una reprogramación o reperfilamiento en los pagos, ante la necesidad obligatoria de defender la estabilidad cambiaria y evitar mayores peligros inflacionarios (ver nota página 3).

Anoche, y para la visión del Gobierno nacional, los vaivenes de la provincia de Buenos Aires jugaron en contra del éxito del canje del bono Dual, especialmente luego de la decisión de liquidar al contado el 100% del vencimiento del BP21 por unos u$s250 millones. Para el oficialismo, las vueltas de Axel Kicillof y el epílogo del pago dándole la razón total a los acreedores, hizo que la oferta del Dual no sea creíble y que los poseedores de ese bono especulen con que la amenaza del no pago antes del inicio formal y serio de la renegociación de la deuda no sea creíble.

Los mercados hablan de otros condimentos para el mal resultado. Se menciona que la oferta diseñada por el Palacio de Hacienda era muy agresiva (especialmente en cuanto a la quita medida por dólar Link), que debía haber sido explicada mejor y que después del efecto de la provincia de Buenos Aires no había que aceptar acuerdos que no sean razonables. Y que, en definitiva, el Gobierno nacional aún no expuso una estrategia financiera y macroeconómica creíble y clara sobre cuáles son los pasos concretos del oficialismo en materia fiscal y de crecimiento. Más teniendo en cuanta que, por ahora, los datos de recaudación e inflación, aunque con tenues mejoras, no terminan de despegar a favor.

Más allá de esta coyuntura, Alberto Fernández y Martín Guzmán, al menos en el capítulo deuda externa con privados, tienen ahora una paz y confianza mayor que la que exhibían el lunes pasado. Axel Kicillof tomó ayer la decisión que desde el Gobierno nacional, a recomendación del Ministerio de Economía, se le había aconsejado desde un principio: cumplir con los vencimientos comprometidos por la provincia hasta que termine el proceso de reestructuración nacional, y que sólo después saliera (y con el tono que quisiera) a avanzar en su propio cronograma de negociación.

Para el equipo de Guzmán hubo apresuramiento (alguien en el equipo económico habló de cierta prepotencia), en el lanzamiento del proceso bonaerense, lo que derivó en los hechos de ayer. En algún momento, el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le había aclarado al propio Guzmán que en la provincia de Buenos Aires el dinero para cumplir con los cronograma de pagos estaba disponible, al menos hasta abril. Y que la fecha límite ante el peligro de default era en realidad junio, mes en el que los vencimientos bonaerenses se espiralizan pero que, en teoría, la Nación ya habría cerrado su negociación. La recomendación sobre la necesidad de llegar a la negociación de deuda nacional con todos los vencimientos cumplidos había sido la única definición concreta del algo fugaz (quizá fallido) Comité de Asesoramiento de Deuda que se organizó en los primeros pasos del Gobierno, organismo que integraron Daniel Marx y Adrián Cosentino y que en su primera (y única de trabajo) reunión de la segunda quincena del año pasado, planteó a todos los deudores públicos del país (Nación y provincias) que mientras se negocie con los acreedores se cumplan en tiempo y forma con la liquidación de todos los vencimientos. Y que al momento de abrir las negociaciones, los acreedores no tengan méritos ni motivos para denunciar mala fe oficial.

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