Dilema del gobierno para anunciar baja de gastos

Hay una fecha que titila en el almanaque económico del gobierno y es el 15 de setiembre. Ese día, según lo que prescribe la Constitución, Fernando de la Rúa deberá elevar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Es decir: un mes antes de las elecciones el gobierno deberá desnudar sus números, exponer recortes y hacer creíble que está comprometido en una política de déficit cero. Otra vez De la Rúa deberá elegir entre lo que reclaman quienes han puesto las cuentas públicas bajo la lupa -organismos de crédito, inversores, economistas, entre otros- y las urgencias de los políticos, excitados como nunca por una elección en la que se renueva por completo el Senado.

El envío del proyecto de presupuesto en término se ha convertido en una saludable costumbre. Se le debe a Domingo Cavallo esa práctica: él comenzó, en la década anterior, a someter a consideración del Parlamento el cálculo de gastos y recursos antes del 15 de setiembre y esa rutina fue vista, con toda lógica, como un avance hacia la racionalidad de la administración económica.

Sin embargo, es desde el mismo Ministerio de Economía -sobre todo en la Secretaría de Hacienda- que se aconseja, en estos días, postergar el envío hasta después de las elecciones. Allí temen que el diseño de las cuentas públicas, la hipótesis de crecimiento en la que se basa, los recursos que se calculan y, en especial, la dimensión de los recortes produzcan una oposición cerrada en el PJ y también en buena parte del radicalismo, que sería menor después del torneo del 14 de octubre. Según el razonamiento de Cavallo y de Jorge Baldrich, la formalidad de cumplir con una fecha aumentará las dificultades de una ley que, de por sí, tendrá una dura discusión en el Congreso. Lo que los gobierna es, entonces, una mera cuestión de oportunidad.

Coinciden en Economía con buena parte de los políticos oficialistas que deben competir en las elecciones. Creen que su suerte estará perjudicada si deben ir a sus provincias a pelearles senadurías y diputaciones a peronistas que, envueltos en el poncho federal, los acusarán de pretender recortar partidas, despedir empleados, quitar fondos especiales (tabaco, electricidad, etc.). El argumento de estos radicales es que, por cumplir con la fecha del 15 de setiembre, el gobierno perderá bancas y tendrá menos poder de fuego legislativo para defender la misma política de racionalización en la que está comprometido.

Sin embargo, Cavallo no consigue la solidaridad de todo el gobierno. Al contrario, en la Jefatura de Gabinete (Chrystian Colombo) y en la Secretaría General (Nicolás Gallo) creen que es mayor el costo de no cumplir con lo que indica la ley al postergar el envío del presupuesto. No se amparan en un argumento procesal, por más que eso pudiera dejarlos bien parados delante de De la Rúa, siempre más fascinado por las formas que por el fondo de las cosas. No. Colombo y Gallo creen que el silencio que supone no definir la dimensión de los recortes antes de las elecciones y, sobre todo, el abandono de la costumbre de enviar el texto en el momento correcto, tendrán un costo electoral mayor.

El jefe de Gabinete y el secretario general suponen que el peronismo no será piadoso porque el oficialismo calle. Al contrario, atribuirán la demora de la ley a que se tomarán medidas acaso más impopulares de las que necesariamente tendrán que adoptarse. Y los candidatos radicales no sabrán qué contestar, sencillamente porque no conocerán a ciencia cierta qué es lo que se está planificando.

• Verdad política

En la postura de Colombo y Gallo hay una base de verdad política: a ningún gobierno le va bien si se avergüenza públicamente de lo que hace, como sucedería con la postergación para después del 14 de octubre. Inevitablemente el pudor frente a la propia obra tendrá un castigo político, como se demostró en la interna del radicalismo porteño, que los delarruistas perdieron más por no tener la valentía de hacer oficialismo que por la calidad de argumentos de sus adversarios. En definitiva: nadie asegura que por no enviar el presupuesto no se perderán votos y, tal vez, hasta se pierdan más que cumpliendo con lo que corresponde. Aunque también se puede contraargumentar que la polémica presupuestaria no es algo por lo que los votantes den la vida en las campañas.

De cualquier modo, la alternativa que defienden Economía y muchos candidatos de la UCR puede ser doblemente riesgosa: corre el albur de caer ante un revés político y, seguramente, no conseguirá el beneplácito de los mercados. Claro que concurrir a las urnas, en medio de una crisis como la actual, exponiéndose a una derrota que le haga más estrecha su base parlamentaria puede tener para el gobierno un costo insoportable capaz de dificultar todavía más la racionalización a la que se comprometió ante el mundo. Es el dilema de De la Rúa.