El diario económico madrileño «Cinco Días» informó ayer que la SEPI, órgano del Estado español para participar en empresas privadas, remitió un documento al juez que entiende en la causa por presuntas irregularidades en la compra de Aerolíneas Argentinas, en el que manifiesta haber autorizado a Marsans a utilizar u$s 300 millones -sobre un total de u$s 803 millones entregados a esa empresa para la compra de la línea de banderapara comprar créditos a favor de Aerolíneas.
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El fundamento de los abogados de la SEPI es que ese monto «debía ser utilizado para eliminar pasivos de Aerolíneas Argentinas».
Como se recordará, existe una denuncia -de cuatro argentinos y un español- ante la Justicia española por presunto «fraude fiscal»; allí se afirma que de esos u$s 300 millones, u$s 275 millones fueron utilizados para adquirir créditos y «subrogarse en la posición de acreedor de Aerolíneas», de cara a su concurso preventivo.
Ayer, la SEPI aportó dos documentos fechados en 2001 (año en que se concretó el traspaso de Aerolíneas, de SEPI a Air Comet, una sociedad formada por Marsans y su CEO Antonio Mata); en los mismos se establece la finalidad «indistinta» del monto a otorgar, lo que desestimaría «prima facie» la acusación.
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