10 de diciembre 2000 - 00:00

"El blindaje sólo sirve para volver a respirar"

Después de 11 meses de gobierno, la temida crisis de mercado ocurrió y el riesgo-país llegó a 1.100 puntos básicos, que significa un virtual cierre de mercados y una tasa de financiamiento de 17% para la deuda pública, insostenible en el tiempo.

Ante esta situación, es positivo que los organismos internacionales de crédito: FMI, Banco Mundial, BID; e incluso algunos países, estén dispuestos a otorgar un salvataje financiero, conocido como «blindaje». En realidad es una medida de emergencia, es una «traqueotomía» para el ahogo financiero. Permite volver a respirar, pero no soluciona el problema de fondo: falta de inversión, falta de crecimiento y desempleo.

El auxilio se da en forma de una garantía por miles de millones de dólares (20.000) para que los mercados que han perdido la confianza en el gobierno de De la Rúa nos vuelvan a prestar a tasas razonables. La Argentina consigue este salvataje extra porque durante diez años cumplió con sus compromisos y logró recuperar prestigio después del default de Alfonsín (que convirtió nuestra historia crediticia en un prontuario) cuyos costos seguimos pagando en riesgo-país (mayores tasas). A cambio, el gobierno nacional compromete ajuste, de las provincias y de los jubilados. En cambio, para sí mismo sube el déficit programado para el 2001, de $ 4.100 a $ 6.400 millones, 56 por ciento.

Esto está en línea con lo que ha hecho desde que asumió: impuestazo, baja de sueldos, no pago a proveedores, suspensión de juicios, Pacto Federal del '99. Siempre son otros los que pagan los costos. Desde la administración nacional no hay una sola medida para mejorar la calidad del gasto (reforma del Estado o presupuesto base 0) o para ahorrar.

Hasta están incumpliendo con la Ley de Solvencia Fiscal, no sólo en cuanto al déficit sino también en cuanto a la obligación de establecer un programa permanente de evaluación de calidad del gasto con indicadores de costos para todas las áreas.

Que el blindaje sea positivo no puede eximir de considerar por qué llegamos a esta situación. Es la Alianza, cuyo fracaso como coalición política está a la vista, la responsable de esta increíble pérdida de confianza en tan poco tiempo. El problema es que la crisis política con estas nuevas medidas no mejora, empeora. Por eso el auxilio sirve sólo para la emergencia, pero no soluciona los problemas políticos ni económicos que provocan el estancamiento.

Mendoza

El gobernador Iglesias actuó como un buen radical y ayudó a su presidente firmando rápido y no cuestionando nada.

Financieramente la provincia necesita que baje el riesgo-país para salir a buscar fondos de renovación de sus vencimientos de capital. Inexplicablemente, la provincia se ha demorado y ha perdido mejores oportunidades durante el año, cuando el país todavía no estaba tan cuestionado y había mejores tasas. Todos los mendocinos pagarán la impericia en mayores intereses y habrá menos dinero para gasto social u obras públicas.

Los recursos coparticipables son, según la Constitución de 1994, propiedad de las provincias. Atendiendo a la mala situación general Mendoza podría decidir no aumentar su gasto primario, congelarlo. Pero acá lo que se pedía era congelar los recursos nacionales para la provincia por 5 años.

Ya en la gestión del Dr. Llaver, por la Ley de Coparticipación de 1988, la provincia quedó peor posicionada durante 12 años.

A pesar de eso, los recursos provinciales crecieron durante toda la década, como ocurrió con todas las provincias argentinas. Ahora querían repetirlo por 5 años más. Inadmisible.

Felizmente, la negociación de los gobernadores justicialistas terminó beneficiándonos y no habrá congelamiento de fondos.

Mendoza, y su gobernador, deberían seguir bregando por una nueva ley de coparticipación federal, que parecen haber olvidado, porque es con la provincia de Bs. As., la más perjudicada del país, con la ley vigente de 1988. La diferencia es que Bs. As. Cuenta además con el Fondo del Conurbano por 600 millones.

Alternativa

El gobierno provincial podría haber aceptado no aumentar el gasto, buscar recursos en una buena reforma del Estado (que a pesar de que el tiempo pasa nadie se anima a encarar para no afrontar costos políticos); pero negociar que cualquier excedente que correspondiera por aumento en la recaudación nacional en los próximos 5 años se destinara a pagar deuda pública provincial.

De ese modo se contiene el gasto, no se regalan los recur-sos y se mejora sustancialmente el riesgo-provincia, lo que mejora integralmente nuestra perspectiva futura, tanto fiscal como económica. Argumentos sobran, especialmente si se tiene en cuenta que el presidente De la Rúa, siguiendo con los parches a falta de un plan estratégico que motorice las energías de los argentinos, y sólo con criterio electoralista (2001), ha decidido que el ajuste lo paguen sólo los otros, no su gobierno.

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