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Mendoza
El gobernador Iglesias actuó como un buen radical y ayudó a su presidente firmando rápido y no cuestionando nada.
Financieramente la provincia necesita que baje el riesgo-país para salir a buscar fondos de renovación de sus vencimientos de capital. Inexplicablemente, la provincia se ha demorado y ha perdido mejores oportunidades durante el año, cuando el país todavía no estaba tan cuestionado y había mejores tasas. Todos los mendocinos pagarán la impericia en mayores intereses y habrá menos dinero para gasto social u obras públicas.
Los recursos coparticipables son, según la Constitución de 1994, propiedad de las provincias. Atendiendo a la mala situación general Mendoza podría decidir no aumentar su gasto primario, congelarlo. Pero acá lo que se pedía era congelar los recursos nacionales para la provincia por 5 años.
Ya en la gestión del Dr. Llaver, por la Ley de Coparticipación de 1988, la provincia quedó peor posicionada durante 12 años.
A pesar de eso, los recursos provinciales crecieron durante toda la década, como ocurrió con todas las provincias argentinas. Ahora querían repetirlo por 5 años más. Inadmisible.
Felizmente, la negociación de los gobernadores justicialistas terminó beneficiándonos y no habrá congelamiento de fondos.
Mendoza, y su gobernador, deberían seguir bregando por una nueva ley de coparticipación federal, que parecen haber olvidado, porque es con la provincia de Bs. As., la más perjudicada del país, con la ley vigente de 1988. La diferencia es que Bs. As. Cuenta además con el Fondo del Conurbano por 600 millones.
Alternativa
El gobierno provincial podría haber aceptado no aumentar el gasto, buscar recursos en una buena reforma del Estado (que a pesar de que el tiempo pasa nadie se anima a encarar para no afrontar costos políticos); pero negociar que cualquier excedente que correspondiera por aumento en la recaudación nacional en los próximos 5 años se destinara a pagar deuda pública provincial.
De ese modo se contiene el gasto, no se regalan los recur-sos y se mejora sustancialmente el riesgo-provincia, lo que mejora integralmente nuestra perspectiva futura, tanto fiscal como económica. Argumentos sobran, especialmente si se tiene en cuenta que el presidente De la Rúa, siguiendo con los parches a falta de un plan estratégico que motorice las energías de los argentinos, y sólo con criterio electoralista (2001), ha decidido que el ajuste lo paguen sólo los otros, no su gobierno.



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