El costo de caer en default

Nueva York - Muy tristemente nuestro país se encuentra bordeando el default con los organismos multilaterales de crédito. El FMI ha emplazado a la Argentina a mantener los pagos debidos con dichos organismos para evitar sufrir penalidades. El gobierno reaccionó ordenando efectuar ciertos pagos inmediatos correspondientes a setiembre, pero rechazó seguir efectuando los próximos si no hay un acuerdo previo con el FMI. Actualmente las partes están negociando sobre la base de un acuerdo transitorio.

Si no hay acuerdo y la Argentina no paga dichos vencimientos (que es la postura anunciada por el ministro Roberto Lavagna) sufriría fuertes penalidades que afectarían a nuestro país durante largos años poniendo en serios riesgos la posibilidad de que algún día nos recuperemos.

Las penalidades que podríamos sufrir van desde la interrupción de los préstamos, la declaración de inelegibilidad para futuros financiamientos y la suspensión del derecho de voto hasta la propia expulsión de los organismos, como ha sido el caso de Irak y de otros países contestatarios de la comunidad internacional.

Lo más grave desde el punto de vista de la actualidad de la Argentina es que la declaración de inelegibilidad sólo puede ser levantada luego que se pague el total de lo adeudado y pase, además, un cierto período de tiempo. El próximo gobierno se encontrará, en la práctica, imposibilitado de llegar a un acuerdo con el organismo ya que para recibir nueva ayuda, habría que pagar más de u$s 10.000, que son, aproximadamente, los vencimientos hasta mayo.

Creemos que la mejor forma de graficar esta cuestión es mediante la descripción de una situación real, como fue el caso de Perú durante la presidencia de Alan García entre 1985 y 1990. Tras una campaña signada por un discurso populista que incluyó fuertes declaraciones contra el FMI, Estados Unidos y la comunidad financiera internacional, García se impuso en las elecciones presidenciales de 1985.

A poco de asumir, declaró que el FMI representaba un sistema moderno de imperialismo y ordenó suspender los pagos al organismo y a los bancos acreedores (en la práctica acordó pagar sólo 10% de los ingresos por exportaciones, pero que sólo cubrían una parte de las obligaciones anuales).

En la primera mitad del año 1986, el FMI intimó a Perú a pagar la suma de u$s 75 millones que se encontraban en mora bajo apercibimiento de ser declarado inelegible para recibir futuras ayudas financieras. El gobierno contestó: «Pagaremos cuando Perú lo decida». Acto seguido, el gobierno peruano expulsó a la misión del FMI que se encontraba en Lima revisando las cuentas públicas y expresó que la eventual declaración de inelegibilidad era irrelevante.

Perú se encontraba además en default con los bancos internacionales. Las decisiones de García aislaron totalmente a su país (incluyendo al sector privado) de la comunidad internacional. Sólo las exportaciones (muy reducidas en términos de porcentaje del producto bruto) constituían una fuente de divisas internacionales.

Hacia 1987 las pocas reservas internacionales con que contaba el gobierno se evaporaron. En 1988 ya era un hecho que la política aislacionista de García era un rotundo fracaso que profundizaba los problemas sociales. Ese año la economía se contrajo 7%. Al año siguiente la situación empeoró y la economía volvió a caer, esta vez 13 por ciento.

En el mismo 1988 el FMI amenazó a Perú con expulsarlo del organismo por los reiterados defaults de los pagos debidos. Sólo la cercanía del final del mandato de García y las perspectivas que el liberal Mario Vargas Llosa se impusiera en las elecciones presidenciales de 1990 (algo que lamentablemente para el país hermano no ocurrió) evitaron la expulsión.

La llegada al poder de Fujimori en 1990 cerró la etapa de la confrontación de Perú con el organismo y con los bancos acreedores internacionales y abrió un camino de renegociación de las sumas debidas. Fue sólo, no obstante, en 1993 que Perú canceló los créditos con el FMI y recién entonces volvió a ser considerado elegible para nuevos financiamientos. El default con los acreedores privados fue sólo levantado en 1996.

La Argentina puede entrar, en los hechos, en una situación como la de Perú si no paga los próximos vencimientos con el Banco Mundial, el BID y el FMI. Ello no constituirá en esta instancia per se causal de expulsión de dichos organismos, pero sí causará que la Argentina sea declarada inelegible para futuros financiamientos, como el que se está buscando desesperadamente y con mala fortuna en la actualidad. Además se suspenderían las pocas líneas crediticias actualmente vigentes. Y sólo cuando cancele el total de lo que debe (es decir, algo imposible bajo cualquier circunstancia) podría volver a recibir nuevas ayudas. Por lo tanto el dilema no es: pagar o ayuda social, como sostiene el ministro Lavagna, sino pagar y llegar a un rápido acuerdo que permita una prórroga de los próximos vencimientos o más exclusión, pobreza y dramas sociales durante largos años.