El gobierno argentino debe presentar una nueva propuesta «más creíble» a los acreedores para cerrar las negociaciones, aseguró ayer una fuente del grupo del G-7 que agrupa a los países más desarrollados. «Para lograr un acuerdo con los acreedores privados, la Argentina debería presentar una propuesta completamente diferente, una oferta más creíble», señaló una fuente gubernamental en Milán, y se especula que estas expresiones provienen del gobierno italiano.
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La fuente, que pidió no ser identificada, dijo además que en el G-7 existe preocupación de que la postergación a diciembre de la revisión del acuerdo crediticio que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda retrasar aún más un pacto con los acreedores.
«Hay una preocupación de que la postergación de la revisión no ayudará a la Argentina a alcanzar un acuerdo con los acreedores, sino que hará más lento el proceso», señaló la fuente.
En cuanto a la visita del titular del FMI, Rodrigo de Rato, a Buenos Aires, prevista para el martes próximo, estimó que le pedirá al país que retorne a «un camino creíble de reformas», pero aseguró que es probable que acepte la refinanciación de u$s 1.000 millones que vencen hasta fin de año: «Esto no sería una nueva concesión».
Estas declaraciones se conocieron horas después de nuevas críticas de Nicola Stock, el copresidente del Comité Global de acreedores, que representa a bonistas extranjeros con títulos por u$s 37.000 millones. El italiano pidió que el Fondo no refinancie los vencimientos de la Argentina, porque sería una «muy mala señal» para otros países que también tienen importantes niveles de deuda. Stock critica en términos muy duros la renegociación que está llevando adelante el gobierno.Y fue uno de los responsables de la negativa del directorio del FMI de aprobarle en julio la tercera revisión de metas a la Argentina.
• Presión
Evidentemente, los países desarrollados que tienen gran cantidad de bonistas afectados por el default -como los casos de Alemania, Italia y Japón- continúan ejerciendo fuerte presión para que la Argentina realice una propuesta con una quita menor. El GCAB (Global Committee of Argentine Bondholders) pide un pago en efectivo por u$s 5.000 millones para aceptar la reestructuración. Sin embargo, el equipo económico se niega a la posibilidad de efectuar un pago «cash».
