Escribe Ana María Mosso
Diputada Nacional PJ-Mendoza. Vicepresidenta de la Comisión de FinanzasHCD
Se está tratando en el Congreso de la Nación el mal llamado plan deinfraestructura, ya que por la ley no se aprueba ninguna obra ni ningún precio;y no es un plan, pues el anexo de obras sugeridas no responde a un orden opriorización derivado de la evaluación socioeconómica de los proyectos segúnobliga la ley de inversión pública.
Es más bien una ley para autorizar licitaciones y financiamiento (deudapública a 20 o 30 años) por la ambiciosa suma de $ 20.500 millones, aconcretarse en 5 años.
Desde mi punto de vista no es conveniente y puede resultar peligrosopara las finanzas públicas por lo siguiente:
Riesgo-país
El problema más serio que tiene hoy la Argentina es la fuerte subida delriesgo-país (690 puntos básicos = tasa 13%) que provoca déficit, falta deinversión y recesión. En este contexto, una autorización de aumento de deuda,con el agravante de que hay una garantía real (Impuesto a los Combustibles eimpuesto a la venta de gas natural) a favor de las empresas, de la que no gozael resto de la deuda pública, va a resultar contraproducente para nuestracredibilidad, que ya está cuestionada.
Presupuesto
No establece que las obras públicas a licitar deban ser aprobadaspreviamente por el presupuesto anual, lo que conlleva un alto riesgo ycontradice el espíritu de la ley de administración financiera. Es casi un«cheque en blanco» para endeudarse.
Fondo fiduciario
La ley consiste principal-mente en la aprobación de un fondo fiduciarioque administrará activos públicos (bienes, préstamos, ITC), pero que no estásometido a los controles públicos, ya que no se trata de un ente público.Tampoco podría aplicarse a sus administradores la Ley de Etica Pública. Estogenera dudas acerca de la tan mentada transparencia. Este fondo fiduciarioconstituye un verdadero atajo para eludir las leyes y abre un amplio margen ala discrecionalidad. Más aún, si se tiene en cuenta que la ley se propone como«alte nativa»a la Ley 13.064, de Obra Pública, y a la Ley
17.520, de Peaje, sin aprobarse en cambio ningún marco regulatoriodentro de la misma, con lo cual las condiciones serían sólo las de cada pliegolicitatorio ¿Por qué tanta flexibilidad?
Licitaciones nacionales o internacionales
Este es el punto más discutido de la ley y también el más importanteeconómicamente. Dado que se trata preponderantemente de una ley definanciamiento, el costo del mismo es el ingrediente que debe priorizarse paradefender los recursos del presupuesto público que es redistributivo pornaturaleza, ya que $ 30.000 millones, 60%, es gasto social. No se entiende cómoel gobierno declama la política antidéficit fiscal, sube impuestos, bajasueldos, recorta recur-sos provinciales y al mismo tiempo propone licitacionesnacionales que seguramente encarecerán tanto las obras como el financiamiento.Valgan dos ejemplos:
a) En 1999, la Ciudad de Buenos Aires licitó la línea H del subterráneocon un presupuesto de $ 106 millones. Se presentaron dos empresas españolas por$ 60 y $ 62 millones respectivamente. Es decir, ofrecieron hacer la obra casi ala mitad de lo estimado por el gobierno en base a costos argentinos. b) Eldiferencial de tasa que pueden conseguir las grandes empresas internacionalespuede significar miles de millones de dólares a favor del país. Un diferencialde 6%, probable, en 10 años, ahorraría entre 50% y 70% en intereses, que noestamos en condiciones de perder. En cualquier caso, licitación nacional o internacional,puede y debe sostenerse la preferencia de 20% para las PyMEs. El argumento deque se defiende el trabajo y los insumos nacionales no es válido. En estaactividad los materiales (cemento, hierro, áridos) serán nacionales por un temade costos (fletes) y los trabajadores también. Con respecto a técnicos yprofesionales se podría establecer un resguardo de 60% de consultoría local,aunque por su capacidad y menor costo seguramente serán elegidos igual losargentinos. Otro aspecto, no menor, es que la Argentina tiene firmados tratadosde protección recíproca de inversiones con muchos países (Estados Unidos,Canadá, Ale-mania, Italia, Chile, España, Gran Bretaña, etc.), y éstos seríanviolados, ya que la licitación nacional implica «una barrera paraarancelaria de100%», como lo destacara el diputado justicialista Carlos Snopek. Además, estáel Mercosur, con el que se crearía una nueva fuente de conflicto. Brasil ya haprotestado.
Peaje más subsidio
La Ley de Obra Pública establece un límite de 20% para ampliaciones deobra. Como se declara de uso «alternativo», por la aplicación de la nueva ley,podrían renegociarse ampliaciones de contratos de peaje, sin límite. Además,por el artículo 2º, se permite una complementación de peaje más subsidio para cualquierobra que se financie en 60% o menos por peaje. Cuanto menos peaje, más subsidiodel Fondo Fiduciario. Hay dudas acerca de la intención del gobierno de extenderlos contratos de peaje que vencen en el 2003 a plazos larguísimos (25 años).Esta medida, además de resultar posiblemente onerosa a la luz de lasexperiencias anteriores, puede significar un congelamiento de la red vialtroncal de la República, de graves consecuencias para el desarrollo, o puedeser genera-dora de juicios futuros.
Por todas estas razones pienso que esta ley no debe ser aprobada y meresulta sorprendente la falta de responsabilidad del Ministerio de Economía,que debería ser el que resguardara y advirtiera al país de todos estos riesgos,especial-mente después de los desaciertos que nos han sumido en esta malasituación económica, mientras el resto del mundo crece.
Por Ana María Mosso
*Diputada Nacional PJ Mendoza. Vicepresidenta de laComision de Finanzas HCD
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