El robo del siglo

Quizá muchos de los lectores recordarán el episodio del año 1963 cuando la banda que integraba Ronnie Biggs asaltó el tren The Royal Mail en Inglaterra, en un golpe espectacular que en ese entonces dejó un botín de 2,6 millones de libras, (7,3 millones de dólares), que equivaldría hoy a 47 millones de dólares.

Hace algunos meses, con 71 años de edad, salud frágil, una extrema pobreza y un oculto deseo de morir en su tierra, regresó desde Brasil (adonde huyera) a Gran Bretaña en forma voluntaria donde fue recluido en prisión. Del botín no le quedó nada». Gastó casi todo el dinero en su fuga, en una cirugía plástica para cambiar de apariencia, y en sobrevivir modestamente hasta que la enfermedad lo doblegó. Hay quienes aseguran que su regreso a la patria se debió a la necesidad de recibir asistencia médica calificada y gratuita. Si Biggs hubiera imaginado su triste final, probablemente hubiese pensado dos veces antes de sumarse al grupo que asaltó el tren postal, en ese tan debatido robo del siglo. La moraleja surge sola: «Tanto... para nada».

Entre nosotros, y ya dentro del siglo siguiente, aunque con menos suspenso y espectacularidad, el gobierno nacional, invocando razones de emergencia, ha dispuesto una vez más graciosamente del dinero y bienes de ciertos ciudadanos para tratar de solucionar una catástrofe generada por él mismo al haber decidido, entre gallos y medianoche, una devaluación absurda de la moneda sin tener la más mínima idea de cómo manejar las consecuencias de tal decisión. Hoy, un mes después de tal desatino, vuelve sobre sus pasos y establece una pesificación uno a uno para deudores como si nada hubiera pasado. Claro está que, como algo pasó (nada más y nada menos que esta devaluación absurda e irresponsable), existe una diferencia (daño directo causado) en el patrimonio de algunos particulares (ahorristas en dólares) de u$s 18.107 millones; daño indirecto causado a toda la población por vía de emisión de un bono compensatorio para los bancos de 8.000 millones de pesos (más deuda pública); y un daño indirecto adicional causado a todos los argentinos por vía de pérdida de valor de la moneda por emisión monetaria de 3.500 millones de pesos; esto a simple modo de ejemplo y nada más que para empezar.

¿Realmente puede permitirse que se burle a la población diciéndole que «... el gobierno nacional otorga al reordenamiento financiero máxima prioridad, principalmente para facilitar la paulatina normalización de las actividades económicas, pero también para restituir a los ahorristas y deudores las mayores condiciones de libertad y certidumbre preservando sus derechos de propiedad...» (Considerando 8, Decreto 214/2002) cuando al mismo tiempo se apropia de un manotazo de depósitos genuinos para afectarlos al subsidio de los deudores del sistema? ¿Puede tolerarse tal manifestación al mismo tiempo en que a los acreedores privados se les licuan las acreencias a expensas de sus deudores destruyendo todo el crédito privado? Esto es algo vergonzoso.

Creer que defender el sistema financiero es castigar al ahorrista en beneficio de cualquier deudor, del mantenimiento del gasto público político y de la protección indiscriminada de algunas entidades financieras, es un error imperdonable en aquellos que pretenden ser hombres de Estado, y que pujaron y negociaron en un momento dramático de la vida del país, para acceder al poder, pretendiendo ser elegidos por los representantes de la sociedad en su conjunto para tal función en razón de su presunta capacidad.

• Pilar

Desde que mundialmente los bancos no son más suministradores genuinos de fondos sino meros operadores intermediarios entre la captación y colocación de los depósitos, que dependen de que los ahorristas les confíen sus ahorros y el público les solicite créditos a devolver en su momento para que los bancos, a su vez puedan restituir los depósitos, el verdadero pilar del sistema financiero lo constituyen los titulares de los depósitos, los inversores y los ahorristas; no la entidad; y en las crisis lo que salva estructuralmente a los emprendimientos son sus pilares; y a éstos hay que proteger. Esto, lamentablemente, el gobierno no lo entiende; como no entiende tantas otras cosas.

El ahorro que los argentinos, la gente, generamos durante diez años de convertibilidad alcanzó a 61.000 millones de dólares. Ello con todo el sacrificio de diez años de trabajo de mucha gente, la creación de un sistema de jubilación privada, y el desarrollo de un incipiente mercado de capitales a partir del ahorro privado. Es verdad que gran parte de ese esfuerzo fue dilapidado o comprometido por el irresponsable gasto público, el endeudamiento indiscriminado que usó parte de los ahorros de la gente para empapelar con 31.000 millones de dólares a bancos y mercado, y la falta de capacidad de dos gobiernos anteriores. Pero no es menos cierto que el gobierno actual -Congreso incluido no ajeno a las dos administraciones anteriores- (i) en una sola noche destruyó ese ahorro y (ii) hoy se le quita por decreto a los ahorristas 18.107 millones de dólares; al pueblo en su conjunto 8.000 millones de pesos; y al respaldo monetario (que es de todos los argentinos) 3.500 millones de pesos; como mínimo, ya que ni siquiera contamos la inflación por venir, el desabastecimiento que asoma, y la generación de una suerte de camino hacia un nuevo modelo cubano. Hacerle creer al pueblo que esto se hace para ayudar a los que menos tienen es una gran mentira. No habrá con qué. Con lo que se les está quitando a los ahorristas y al pueblo se están financiando y cancelando deudas de cualquier monto y sin límite; por cualquier adquisición de bienes, empresas completas, canales de cable, yates, automóviles de lujo, viajes, licencias y concesiones de servicios públicos, quintas, campos, cantidad de pasajes aéreos mensuales libres y gratis y vales de combustible para legisladores, dietas e ingresos de más de $ 10.000 mensuales para senadores, despachos, directorios, campañas políticas, amanuenses, asesores, dádivas, pactos políticos pasados, presentes y futuros, jubilaciones y pensiones de privilegio, clientelismo político, organismos diversos y todo lo que se quiera imaginar. ¿Qué significarán 1.000 millones de dólares de presunto ahorro de gasto político (algún día; no hoy) frente a haberse quedado con 25.000 millones de dólares de la gente y haber paralizado el país?

Más allá de la intencionalidad política que pudiera haber tenido un fallo específico de la Corte, o los alcances que pudiera otorgarse al mismo en este salvaje conflicto de poderes que hay en la Argentina, lo cierto es que lo que el Tribunal ha señalado es terminante: las medidas económicas no constituyen una simple limitación del derecho de propiedad, sino «... su privación o aniquilamiento...». Y las nuevas medidas anunciadas son una profundización de la afrenta a ese derecho de propiedad.

Como en 1963 ocurriera en Gran Bretaña, asistimos a otro robo del siglo (pero éste en el siglo XXI): un robo a los ahorristas y a la gente. También al igual que lo acontecido con Ronnie Biggs, si los protagonistas al tomar la decisión de devaluar hubieran tenido la mínima noción de cual será el triste final, quizás hubieran pensado dos veces antes de atreverse a hacer lo que hicieron. Como entonces: tanto daño... para nada.

(*) Especialista en crisis y coautor de la Ley de Quiebras.