Eliminan 1400 cargos políticos para reducir gastos en el Pami

  El PAMI avanzó ayer en el programa de reducción de gastos de la obra social de los jubilados con la confirmación de la separación de casi 1.400 empleados. Ese recorte se complementa con una campaña de recaudación de fondos que la administración de Federico Polak entiende se le debe al PAMI desde varias reparticiones estatales que deberían completar el financiamiento del organismo a su cargo.

Polak salió al cruce de las primeras críticas de los varios sindicatos que se atribuyen la representación de los empleados del PAMI explicando que si bien «no habrá despidos masivos», y que se pondrá en marcha un « plan de reestructuración que en una primera etapa abarcará esa reducción de 1.394 agentes».

«El PAMI careció históricamente de una política de recursos humanos y de una planta de 12.000 agentes se me aconsejó despedir entre 4.000 y 9.000, pero la intervención considera que los objetivos pueden cumplirse sin despidos masivos», agregó el funcionario.

Un informe que la intervención del PAMI entregó a la prensa afirma que las desafecciones comprenden a 100 contratados dados de baja por entenderse que su trabajo era de «carácter político», 126 funcionarios de la planta transitoria, 440 agentes de distintas delegaciones del país, 230 en condiciones de jubilarse, 250 que se acogieron al retiro voluntario y 90 jerárquicos sin funciones, entre otros.

Los anuncios tuvieron lugar durante una conferencia de prensa realizada en la sede del PAMI en la Capital Federal, en la que estuvieron presentes, entre otros, el titular de la Comisión de Relaciones Laborales, Julio Godio; Alberto Nadra, Eduardo Silvano, Héctor Marteau y Javier Slodky.

«Me llegaron consejos de despedir entre 4.000 y 9.000 personas y con la Ley de Presupuesto se contemplaban 115 millones de pesos para las bajas de personal, lo que implicaba alrededor de 4.500 despidos», señaló el interventor.

Indicó que la gestión que encabeza en la obra social de los jubilados decidió acotar las cesantías para no producir «despidos masivos» y destacó que quedarán desafectados 1.394 agentes que desempeñan funciones actualmente.

En ese sentido, el interventor señaló que «el PAMI puede funcionar con esta planta que tiene ahora y no hay ningún despido injustificado».

El plan de reestructuración en el área de recursos humanos que presentó comenzará el 1 de marzo y la intervención de la obra social de los jubilados pretende llegar a fin de año con un plantel de 9.500 empleados.

El ex vocero de Raúl Alfonsín reconoció que había «gente sin funciones» dentro del instituto y aseguró que por el solo cumplimiento de las leyes a fin de año « vamos a tener una planta de 9.500 empleados, frente a los 11.349 que poseía hasta el 14 de febrero de 2001».

Polak también relató detalles de la campaña de reclamos de fondos a organismos estatales que le deben plata a la obra social con cierto dramatismo. «Por este camino vamos a la desaparición», dijo para informar luego que enviará cartas al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; al ministro de Economía, José Luis Machinea, y a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.

La carta dirigida a Colombo tendrá como objetivo recuperar el financiamiento proveniente del sistema de multas que estipuló la Ley de Cheques, porque «cuando se sancionó esta ley se estableció que un porcentual de las multas iba al PAMI para cubrir el área de discapacidad, a través de un comité que presidía el instituto», explicó el titular de la entidad.

En 1997, el PAMI perdió no sólo la presidencia de este organismo sino también los ingresos, lo que significó para la entidad una baja de ingresos de entre $20 y $ 30 millones, por lo que «en el día de hoy se ha requerido del señor jefe de Gabinete la reposición de las cosas a su estado anterior».

Por otro lado, la intervención del PAMI se dirigirá a Machinea con motivo de la desfinanciación que significó para la entidad la reforma tributaria (Ley 25.239), que al reformar el régimen de pequeños contribuyentes desfinanció al PAMI porque éste aportaba a la entidad algunos porcentuales y el instituto, a pesar de haber perdido esos ingresos, sigue con la cobertura de salud.

Por este motivo la intervención del PAMI dirigirá a Machinea una pedido para que «proyecte el instrumento legal necesario para palear el desfinanciamiento».

Polak se refirió a la Ley 21.074 que creó un subsidio por sepelio de los beneficiarios titulares del PAMI, el que en un primer momento estaba a cargo de la ANSeS, pero en 1996 con la Ley 24.624 impuso al PAMI esa obligación de pago. «En el día de hoy se ha puesto en consideración de la ministra de Trabajo el problema, requiriendo que dichos pagos queden a cargo de la ANSeS». Actualmente, el instituto dirigido por Polak destina alrededor de $ 50 millones anualmente al subsidio por sepelio, sin obtener por esto ningún financiamiento