Néstor Kirchner verá abrirse otro frente conflictivo más, cuando en su gira europea llegue a Madrid. Ocurre que no encontrará en la capital española quién defienda su actitud revisora de los decretos que hasta ahora han impedido que militares argentinos terminen juzgados en el exterior. Ni siquiera el embajador argentino ante el Reino de España, Abel Parentini Posse, que hace ya tres años que se mostró particularmente crítico de la actitud contumaz del inefable juez Baltasar Garzón. Posse, a la sazón embajador en Perú, escribía que «apenas se vislumbra ese tribunal penal internacional que necesitará laboriosos tratados de entrega, de esos que saben redactar nuestros técnicos». Y a propósito de la «soberanía del Estado» que «sólo puede delegarse excepcionalmente» (...) «rodaja a rodaja hemos ido cediendo enormes espacios de soberanía argentina». Y ya en forma puntual, al aludir al pedido de detención de Augusto Pinochet por parte de Baltasar Garzón, afirmó Posse que «se ejecuta asimétricamente en él, una justicia hacia el pasado genocida que no se hace en España, ni en Alemania, Italia, Japón, ni en la Rusia posdictatorial de hoy». Implacable, Posse golpeó y señaló que «nuestros políticos no comprenden que sin Estado y soberanía el poder que tienen es virtual e ilusorio» (...) «Poder jurisdiccional, absoluto e inalienable. Poder del Estado, a través del poder de sus jueces».
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