Encrucijada por la transformación de los doscientos pesos en remuneración

Los 200 pesos no remunerativos ordenados por el ex presidente Duhalde se pueden convertir en una pesadilla para la actual gestión al momento de transformarlos en una suma de naturaleza remuneratoria.

Los problemas planteados por la transformación son básicamente los siguientes:

1. Para los empleadores, el costo originado en las contribuciones patronales elevará en más de 20%, por este solo concepto, el costo final;

2. La suma, al transformarse en remunerativa, es base de cálculo de todas las prestaciones que se calculan en función del salario; por ende, habrá que medir su incidencia en licencias pagas, vacaciones, sueldo anual complementario o aguinaldo (8,33%), preaviso, indemnización por despido, etc.;

3. A su vez, se convierten también en base de cálculo de los adicionales de los convenios colectivos, que toman la misma de la retribución habitual;

4. Además, los $ 200 serán base para todos los acuerdos de empresa que toman para el cómputo las prestaciones remuneratorias como los premios al presentismo, a la productividad y otros;

5. También opera como una nueva base para el cálculo de las horas extra, que últimamente se han elevado en cantidad por efecto del incremento selectivo de la actividad que se ha producido en distintas empresas.

Todas las alteraciones que por sí sufrirán los doscientos pesos se ven complicadas con pedidos de distintos gremios, que demandan que la suma fija se instale en el salario inicial de la categoría más baja de los convenios colectivos, y a partir de ella se respeten las diferencias de categorías hasta llegar a la superior.

Esta alternativa produce un aumento en la categoría superior de 60% a 70% de la retribución, sin contemplar los efectos de los puntos 1 a 5 descriptos precedentemente.

• Obligación

El Poder Ejecutivo Nacional está obligado a pronunciarse sobre el tema, ya que el 31 de diciembre los $ 200 caducan, y la gran mayoría de las actividades no tendrá fórmula para continuar con la suma, ya sea que se trate de personal convencionado (que la cobra en forma obligatoria) como del personal fuera de convenio (que la cobra en forma voluntaria), monto que en teoría podría suprimirse si no existe una norma válida que fije cuál será su futuro.

El gran desafío es determinar cómo deberá producirse la transformación para que se amortigüe el mayor costo que ese solo hecho representará, y cómo se abrirá en cuotas para que resulte viable su pago en todo el espectro de empleadores del país. Si la medida que se adopte no fuera razonable, la transformación impactará sin dudas en forma negativa sobre la mejora del nivel de empleo.

(*) Especialista en temas laborales