Envían proyecto para inmunidad al Central

Eduardo Duhalde ya está decidido a enviar al Congreso un proyecto de ley para garantizar la inmunidad legal de los miembros del directorio del Banco Central. Es clave porque los faculta a intervenir y reformar el sistema bancario sin por ello afrontar luego una ola de juicios de bancos y ahorristas. El gobierno tiene hasta ahora cuatro proyectos en estudio. El más avanzado contempla otorgar inmunidad penal y patrimonial al superintendente de entidades financieras y sólo inmunidad patrimonial al resto de los directores del Central. Ahora comenzará un debate en el Congreso que promete ser tan áspero como la derogación de la «subversión económica». De esta manera, Roberto Lavagna retrocede con la decisión de no otorgar protección legal al Banco Central, tal como lo anunció hace una semana a diputados del PJ buscando ganarse su bendición. Es otra marcha atrás del ministro Lavagna, que también debió conceder que los bonos del canje para ahorristas no se puedan utilizar para la compra de autos 0 km y viviendas nuevas. Lo que sí logró es la salida de Mario Blejer del Banco Central, tal como fue confirmado por Eduardo Amadeo, vocero presidencial, para fin de mes.

Eduardo Duhalde enviará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley para otorgar inmunidades legales a algunos miembros del directorio del Banco Central. La decisión del Presidente contradice totalmente lo declarado la semana pasada por Roberto Lavagna a los diputados peronistas. Pero la movida presidencial tiene sus explicaciones. Presionado por el FMI para votar cuanto antes esa ley de garantías legales a los funcionarios del Central, Lavagna dio marcha atrás, pero sabiendo que Mario Blejer dejará a fin de mes su cargo en el banco, tal como fue oficialmente confirmado por el vocero Eduardo Amadeo.

Duhalde dio ayer un primer indicio de que el gobierno aceptaría enviar al Congreso -de ahí a la sanción de la ley habrá un largo trecho- un proyecto para inmunizar a algunos directivos del Central por los reclamos de banqueros liquidados o ahorristas atrapados en entidades suspendidas, por ejemplo, que normalmente los mantienen durante años paseando por los pasillos de los tribunales.

• Separación

Fue cuando en una conferencia de prensa confirmó la idea de separar la superintendencia de entidades financieras del resto del Banco Central. «La superintendencia, para que el público lo entienda, es la que se ocuparía de resolver la situación de los bancos. Habrá que hacer una tarea en el futuro de reordenamiento del sistema bancario y para ese sector habría que analizar qué garantías tendrían de no tener juicios permanentes de cada banco que esté con problemas, pero no tanto del Banco Central, sino de la superintendencia», dijo Duhalde.

¿Qué significa esto? En primer lugar, que Duhalde confirma por primera vez la idea de proteger legalmente a, por lo menos, algunos funcionarios del Central. Pero existen distintos tipos de inmunidades.

• En el Banco Central existen varios proyectos de inmunidad legal que esperaron por meses a que algún funcionario del gobierno los solicitara. Ahora, desde el Ejecutivo, se estaría cerca de consensuar un proyecto que les otorgara inmunidad penal -es decir, protección contra demandas en ese fuero- y patrimonial -es decir, que las consecuencias jurídicas de sus acciones no afecten el patrimonio personal de los funcionarios- al superintendente de entidades financieras y sus subordinados. El caso es curioso porque ahora se estaría protegiendo legalmente a un cavallista, Felipe Murolo, recientemente encargado del área.

En este punto no existen mayores divergencias, salvo por un tema: muchos consideran que el superintendente es un director más del Central, y por lo tanto, la inmunidad penal se estaría extendiendo a parte del directorio. Este aspecto es central, ya que en el Congreso -opuesto a la idea de garantizar protección a funcionarios- no se quiere garantizar inmunidad penal a ningún director.

• Pero a pesar de eso, en el gobierno se evalúa avanzar un paso más y otorgar inmunidad sólo patrimonial al resto de los directores del BCRA.

Según explican los entendidos, no hay nada que exaspere más a los funcionarios del Banco Central que tener que pasear procesados declarando antes jueces por causas originadas en entidades liquidadas. En el gobierno se considera que las cuestiones penales relacionadas con esas causas no son el principal problema, ya que no existen registros históricos de sentencias que se hayan decretado contra funcionarios del Central.

El problema no es nuevo: ya en el préstamo Stand By firmado por la Argentina con el FMI en 1997 se prometió sancionar una ley de inmunidad. Para abundar más, una las primeras discusiones que mantuvo Teresa Ter Minassian en su primer encuentro con el gobierno de Fernando de la Rúa fue en torno al mismo tema, al punto de haber discutido durante una hora y media con el radical Raúl Baglini.

Más complicada aún para los funcionarios es la cuestión de responsabilidad civil patrimonial. Después de la caída de un banco, normalmente queda en proceso una enorme cantidad de demandas por indemnización de daños de ahorristas perjudicados y hasta banqueros que tienen un trámite mucho más largo que el penal y permanecen durante años sin solución.

Por eso se analiza dar inmunidad patrimonial a todo el directorio para despegar su situación personal de las decisiones que debieron tomar en el cargo.

• Pero el proyecto, además, incorporaría otras modificaciones a la Carta Orgánica del Central. No existe consenso en el gobierno en la creación del «Hospital de Bancos», símil de la institución de Indonesia, encargado de llevar adelante el megaproceso de liquidación y fusión de bancos que se pronostica para la Argentina. La idea es no concentrar poderes absolutos en una persona para que decida sobre el futuro del sistema financiero argentino.

Pero hay consenso, y Blejer lo dijo varias veces, en que el Central no tiene hoy las herramientas legales necesarias para llevar adelante una reingeniería de bancos como la que avanza en el país. Por eso modificarán las facultades para intervenir en la fusión y cierre de entidades dando más poder que el actual a la superintendencia.