Esperarían viaje de Duhalde a Davos para subir tarifas

Un mar de versiones y misterio rodeó ayer al decreto por el que se autorizarán aumentos en las tarifas de servicios públicos. Lo único cierto es que hasta ayer a última hora voceros del gobierno seguían negando que la norma ya hubiera sido firmada por Eduardo Duhalde, pero informantes cercanos al propio Presidente admitían que «la firma ya está puesta, y estamos esperando el mejor momento para darlo a conocer».

El proyecto de decreto, que fue elaborado por funcionarios del Ministerio de Economía, fue presentado por Roberto Lavagna al Presidente y al resto de los ministros en la reunión del gabinete nacional que se celebró ayer por la mañana. Allí, los colegas de Lavagna se enteraron de los detalles de la norma que -siempre de acuerdo con trascendidos-no sólo alcanzaría a las empresas de energía eléctrica y de gas, sino que la norma a ser sancionada incluía también a otras áreas de servicios como agua, teléfonos y hasta peajes, rubros que en ningún momento estuvieron sobre el tapete en este proceso. Se dijo también que los transportes -el único renglón que quedaría excluido de la norma presentada ayer-sería objeto de otro decreto especial a sancionarse en algunas semanas más. Cabe recordar que el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, había dicho hace algunos días que el aumento para colectivos y trenes urbanos sería sancionado recién a fines de febrero.

Tal como se viene informando desde la semana pasada, el corazón del decreto sería la modificación de dos artículos de la Ley de Emergencia Económica: el octavo, que impide cualquier tipo de actualización o indexación auto-mática de tarifas; el noveno, que impide cualquier retoque tarifario si no se produce en el marco de una renegociación global de los contratos de concesión. En el mismo, entonces, no se establecerían porcentajes de incremento -a pesar de que Lavagna ya dijo que serán de 9% para la energía eléctrica y de 7,2% para el gas-; esto sería objeto de una resolución específica, y dado que el decreto de necesidad y urgencia se limitaría a derogar los dos artículos de la Ley de Emergencia Económica que bloquean la posibilidad de otorgar aumentos, una vez desaparecido este impedimento -dicen en el gobierno-, bastarían resoluciones ministeriales para concederlos.

Como siempre sucede en estos casos, existe «media biblioteca a favor» de que se pueda derogar parte de una ley con un decreto de necesidad y urgencia (que sería el caso del supuestamente firmado ayer por Duhalde) y «media biblioteca en contra», basada en el argumento de que una norma inferior (un decreto) no puede privar sobre otra superior (una ley).

• Reacciones

De cualquier manera, se sabe que al gobierno «lo están esperando», tanto en la Justicia como en las organizaciones de defensa del consumidor y hasta en la oficina del ombudsman de la Nación. Juan José Larrea, vocero de este funcionario, adelantó que «recurriremos a la Justicia en cuanto se conozca el contenido del decreto, porque creemos que hay que cumplir con la Ley de Emergencia Económica». En el mismo sentido Sandra González, presidenta de ADECUA, dijo a este diario que harán lo propio. «El gobierno quiere borrar con el codo -o sea con el decreto-lo que firmaron con la mano (la ley). No lo permitiremos», dijo González.

Pero en las privatizadas tampoco había demasiado convencimiento de que la intención de aplicar reajustes tarifarios que declama Lavagna fuera sincera: temen que el decreto sea una medida «para la tribuna» (léase los países europeos que apoyaron la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de los cuales proviene la mayor parte de los accionistas de las concesionarias), sabiendo que en definitiva los aumentos no pasarán de los estrados judiciales, tal como sucediera ya en las tres ocasiones anteriores que intentaron la misma vía.

Desde ya, es sencillamente impensable para el gobierno tratar de reunir al Congreso con el propósito de modificar la Ley 25.561 (de Emergencia Econó-mica y Régimen Cambiario) para facultarlo a retocar tarifas.

Por eso, en la mayoría de las empresas de servicios consultadas por este diario campeaba el convencimiento de que esta vez tampoco habrá novedades en sus cuadros tarifarios. La opinión generalizada era que Duhalde presentará en sociedad el decreto entre hoy y mañana, antes de viajar a la cumbre de Davos (Suiza) y exhibir allí sus buenas intenciones respecto de las privatizadas. «Después, si le bajan el decreto en la Justicia, podrá decir que él hizo todo lo posible», decía desesperanzada una alta fuente del sector.

En ese contexto pueden enmarcarse las declaraciones de ayer del vocero presidencial, Luis Verdi, quien afirmó que Duhalde «quiere resolver de una vez por todas el tema de las tarifas». Verdi incluso adelantó que el titular del Ejecutivo ya había firmado el decreto (lo dijo por la mañana), versión que horas más tarde sería desmentida por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Antonio Arcuri. Verdi, sin embargo, abrió la posibilidad de que el aumento tarifario nunca vuele: «No está en nuestras manos. La Justicia gobierna en algunos casos y no hay un Poder Ejecutivo que tenga capacidad de hacerlo y las manos libres para actuar». Cabe recordar que dos fallos de juzgados en lo Contencioso Administrativo (de los jueces Ernesto Marinelli y Susana Córdoba) ya frenaron dos movidas similares en el pasado reciente.