Fin a la obligación de informar por efectivo
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La necesidad para las compañías que facturen más de 5 millones de pesos (monto elevado luego a $ 24 millones), y que se dediquen a rubros donde el manejo de efectivo es alto (supermercados, peajes, servicios públicos, casinos, transporte de todo tipo, etc.), fue impulsada cuando el Ministerio de Economía era manejado por Jorge Remes Lenicov. En esos días, en plena vigencia tanto del «corralito» como del «corralón», el gobierno de Eduardo Duhalde buscaba evitar la circulación de efectivo en el mercado financiero; temeroso de que ese dinero terminara en la compra de dólares. Desde el Banco Central, en esos días comandado por Mario Blejer, se descubrió que en el mercado secundario se realizaban operaciones de compra de efectivo a las empresas que manejaban grandes montos de dinero «cash» a cambio de cheques. Luego ese dinero iba a la adquisición de dólares. Para detectar estas operaciones, el propio Blejer le pidió al titular de la AFIP, Alberto Abad, algún tipo de sistema de información para controlar a los que mayor nivel de efectivo manejaban; con lo cual se puso en práctica un sistema por el que todas las empresas involucradas debían semanalmente girar al organismo la forma de operación que realizaban con ese efectivo.



