4 de febrero 2003 - 00:00

Firma hoy Duhalde el decreto para trabar las ejecuciones

El presidente Eduardo Duhalde firmará hoy el decreto que establece una nueva instancia administrativa para evitar ejecuciones. La norma estipula que el procedimiento podrá ser utilizado en el caso de deudas hipotecarias de hasta 50.000 dólares en origen, siempre que se haya cancelado 20% del capital, y por PyMEs. Para el primer caso, la autoridad de aplicación de la mediación extrajudicial será el Ministerio de Trabajo y, en el segundo, el Ministerio de la Producción. La normativa establece que este procedimiento será «estrictamente voluntario» y que tampoco afectará los plazos de la Justicia. De esta forma, se busca contentar al mismo tiempo a los deudores al borde de la ejecución y también, al Fondo Monetario Internacional. El problema es que el acuerdo firmado con el FMI hace apenas diez días dispone taxativamente que cualquier procedimiento vinculado a la renegociación de deudas no puede alterar el procedimiento judicial vigente en la actualidad. La Argentina está pagando un alto precio por haber modificado el año pasado la Ley de Quiebras. Ahora se teme que este proyecto también genere protestas de acreedores, aunque tiene un alcance mucho más limitado.

Ambito Financiero anticipó el viernes 31 de enero que el gobierno estudiaba dictar un decreto para establecer la mediación en las deudas hipotecarias.
Ambito Financiero anticipó el viernes 31 de enero que el gobierno estudiaba dictar un decreto para establecer la mediación en las deudas hipotecarias.




















El gobierno firmará hoy el decreto que establece un sistema de mediación extrajudicial y de carácter administrativo entre deudores y acreedores. El proyecto, al que tuvo acceso Ambito Financiero, establece que el esquema debe ser de aceptación «estrictamente voluntaria» y abarcará a deudores que hayan tomado créditos para vivienda única y permanente, como también a las PyME cuando se afecten «bienes esenciales» al giro del negocio.

En la práctica, la medida significa darle una nueva chance al deudor moroso para acordar con su acreedor las nuevas condiciones de pago.

Estarán comprendidos dentro de este universo los que tomaron deuda en el sector financiero y por afuera de él (escribanías, mutuales, inmobiliarias, etc.).

La iniciativa terminó de ser redactada ayer por los ministerios de Trabajo (que concentrará las cuestiones vinculadas a los individuos) y de la Producción (que se ocupará de las PyMEs).

Ambas carteras crearán una Unidad de Emergencias Legales (UEL), que intervendrá -tanto a solicitud del deudor o del acreedor- en los casos de ejecuciones. También deberán disponer en cada provincia la representación ante la cual los deudores o acreedores tendrán que presentarse. De esta forma, no se acudirá a mediadores profesionales, sino a funcionarios de dos ministerios nacionales sin experiencia en este tipo de actividades.

En el caso de los deudores hipotecarios, la normativa abarcará créditos que lleguen hasta los $ 50.000, equivalentes a 50.000 dólares en el origen y luego pesificados «uno a uno» en febrero del año pasado. Además, el deudor deberá haber cancelado al menos 20% del capital del crédito para tener derecho a la mediación y presentar un plan factible de pagos para el futuro.

Este decreto implica un nuevo intento del gobierno por atrasar los procesos de ejecuciones, aunque con limitaciones. Sólo podrán beneficiarse los deudores más pequeños y empresas chicas.

El proyecto que firmaría hoy el presidente, Eduardo Duhalde, tiene algunas cuestiones poco precisas. No se establece si el sistema es realmente de aceptación voluntaria o si lo voluntario es -en realidad- la posibilidad de solicitar el mecanismo.

La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, señaló que «en el plazo de una semana estaremos dando a conocer la reglamentación final de este sistema para que ya pueda ponerse en marcha. Buscamos que sea una alternativa que resulte viable para las partes».

También dispone que el procedimiento de mediación «en ningún caso significa la suspensión ni interrupción de los plazos procesales en la instancia judicial o extrajudicial de ejecución». De esta forma, se busca cumplir con una exigencia del FMI que figura en el memorando de entendimiento, en la cual se estipula la prohibición de modificar plazos procesales.

• Decisión final

Aunque luego deberá ser reglamentado el procedimiento, la idea es que la UEL comunique al juez el resultado de esta mediación. «El juez podrá valorar al tiempo de la sentencia la conducta de las partes según conste en el acta respectiva.» Esto implica que si deudor y acreedor se ponen de acuerdo, la decisión final del mismo (o del no acuerdo) deberá ser adoptada por el magistrado, que ordenará si corresponde suspender el remate previsto.

La resolución abarcará tanto a los créditos otorgados dentro del sistema financiero como a los pactados entre privados.

Los técnicos de sendos ministerios estaban ayer redactando contra reloj las características que tendría esta mediación, cuyo objetivo pasaría por acercar a las partes ante el incumplimiento en el pago de un crédito.

La premisa pasa por establecer un esquema que sea de aceptación voluntaria de los acreedores, ya que así fue convenido en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el compromiso adoptado por el gobierno es el de no adoptar ninguna medida que implique una aceptación compulsiva por parte de los acreedores.

Ayer había vencido el plazo de suspensión voluntaria de ejecuciones aceptada por las dos principales cámaras bancarias: ABA (que agrupa a los bancos de capital extranjero) y Abappra (están los nacionales públicos y privados). En noviembre se había acordado con el gobierno una tregua que, en realidad, se extendió durante todo el año 2002.

Ayer, durante todo el día, distintas asociaciones de deudores efectuaron diferentes marchas de protesta ante Tribunales para evitar ejecuciones por parte de los bancos.

Según las estimaciones de las cámaras bancarias, los créditos en condiciones de sufrir el remate por encontrarse impagos llegarían a unos 17.000. Se trataría de una cifra sensiblemente inferior a la que habían manifestado inicialmente las diversas asociaciones de deudores.

Por otra parte, el Decreto 2.415/02 estableció a fines de noviembre pasado un esquema de mediación extrajudicial que funciona exclusivamente para deudores extrabancarios, abarcando a deudores individuales y a PyMEs. Es decir que comprende a quienes tomaron crédito de escribanías, inmobiliarias o directamente de otro particular. Nunca llegó a implementarse efectivamente.

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