Fiscal pidió investigar otra "asociación ilícita"

El fiscal federal Miguel Angel Osorio pidió una investigación por presunta «asociación ilícita» contra el presidente Fernando de la Rúa, el ministro Domingo Felipe Cavallo, el secretario de Finanzas Daniel Marx y el banquero David Mulford por las comisiones que el Estado pagó en la operación denominada megacanje.

El pedido del fiscal se basó en una denuncia que presentaron los abogados Adrián Andreatta y José Luis Fabris, quienes consideraron que en la mencionada operación se incurrió en los delitos de fraude en perjuicio del Estado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los abogados, de extracción justicialista, solicitaron también que la Justicia frene el pago de las comisiones a los bancos hasta tanto se determine la legalidad de la operación.

Esta última medida no fue respaldada por el fiscal Osorio, quien habría considerado que una resolución de esta característica debe ser decidida por el juez federal Gabriel Cavallo, quien lleva adelante la investigación.

En la denuncia, los abogados consideraron que el megacanje no mejora las condiciones de la vieja deuda y que se vulneró la Constitución nacional al emitir un decreto que autorizó la negociación y a aumentar la deuda cuando en realidad se necesitaba una ley aprobada por el Congreso.

Reclamo

Al respecto, sostienen que se han cambiado títulos cuyos intereses eran de aproximadamente entre 7,5 por ciento anual y 13,5 anual. «Solamente en el peso de los intereses de esta nueva emisión de títulos significa un desembolso adicional de u$s 20 mil millones anuales, que multiplicado por los años de emisión (23) nos da un aumento de la deuda de u$s 46 mil millones», sostienen los letrados en su escrito al que tuvo acceso Ambito Financiero. También reclamaron al fiscal que se investiguen las comisiones pactadas con los colocadores, tanto el monto de 0,55 por ciento como la forma en que fueron distribuidos: 0,275% a los colocadores principales, es decir bancos privados, y hasta 0,275% a los colocadores principales y a los Creadores de Mercado, de acuerdo con la participación de cada uno de ellos en la adjudicación. En tal sentido, sostienen que ese monto de la comisión «no es normal» para las transacciones financieras y menos aún es el que pagan Estados, cuando por la magnitud de la operación pueden llegar a negociar una comisión inferior.

«Los bancos privados acercaron al canje títulos de la deuda por aproximadamente u$s 27 mil millones, lo que daría 152 millones de comisión. De esa cifra, 20 mil millones están en su poder, o los tenían atesorados o en poder de las AFJP que controlan. Esto implica que el canje se limitó a un simple asiento contable, y por ello cobraron 110 millones por ser intermediarios de sí mismos», resaltaron en el escrito Andreatta y Fabris.

Contrapartida

También señalan que los bancos oficiales como el Provincia o el Ciudad «habrían sido obligados por los privados» a canalizar el canje de los títulos que tenían en su poder «ante la pasividad del ministro de Economía». Y detalla que el Banco Ciudad habría tenido que girar la mitad de los 700 millones que aportó a cambio de títulos de un banco privado, lo que le permitió a éste ganar el porcentaje correspondiente de la comisión. «Tal canje les habría sido obligado a realizar por el secretario de Finanzas, Daniel Marx, por escrito».

Como contrapartida, destacó la actitud del presidente del Banco Nación Argentina, Enrique Olivera, que se negó a realizar este tipo de operación.

En función de esta situación, los abogados pidieron que se investigue a los integrantes del gobierno y que ordene la indagatoria de los mismos, además de decretar una medida cautelar que prohíba el pago de las comisiones establecidas, hasta tanto se determine su legalidad.