Flotación "sucia" recorta el poder de legisladores

En muchos aspectos, el sistema cambiario de flotación ha demostrado ser mucho más efectivo que el de convertibilidad. No me refiero al sistema de flotación pura sino al de flotación «sucia», donde la autoridad cambiaria interviene con distintas cantidades y a distintos precios, tratando de lograr determinados objetivos de política económica.

Hay muchos ejemplos que demuestran la efectividad de la flotación «sucia», destacándose básicamente 5 casos.

1. Equilibrio fiscal: cuando hay un déficit fiscal, y el mismo ya no puede financiarse, no hace falta recurrir al Congreso de la Nación para votar una poda en el gasto, especialmente en salarios y jubilaciones, con sus no deseados costos políticos. Para el caso, sólo hay que dejar que el tipo de cambio suba. Luego, manteniendo el gasto nominal, con el aumento de la recaudación, como consecuencia del aumento de los precios internos o de un aumento en las retenciones a las exportaciones, se elimina el déficit. Y lo que en el Congreso se llama ajuste, recorte o poda, en el caso suele llamarse licuación. No parece muy democrático, pero es sumamente efectivo. Mas aún, de haber logrado una engorrosa aprobación parlamentaria, tampoco se corre el riego de que la Justicia derribe el ajuste y lo declare inconstitucional, como en el caso del recorte de 13% en las remuneraciones sancionado bajo la presidencia de De la Rúa.

Y aquí vale la pena ampliar el concepto con un ejemplo paradójico: antes del abandono de la convertibilidad, sobre un gasto publico total, incluyendo Nación, provincias y municipios, cercano a los 80.000 millones de pesos o dólares, el déficit global a corregir ascendía a unos 15.000 millones, lo que equivalía a 19% del gasto. Ni el Congreso Nacional, ni los congresos provinciales, ni los gobernadores fueron capaces de efectuar ese ajuste. Luego, sólo con la política cambiaria, el ajuste efectuado supero 28% en términos reales según precios al consumidor, y a más de 60% en términos de dólares.

2. Licuación de pasivos públicos: mediante el manejo del tipo de cambio también se puede mejorar la situación patrimonial financiera del sector público y del Banco Central, licuando los pasivos emitidos en moneda nacional, incluyendo la base monetaria. Ello redunda en una reducción de la deuda pública emitida en pesos y de los intereses en términos reales, y probablemente en un aumento en las reservas del Banco Central al licuarse la base monetaria. Claro que a expensas de pérdidas que sufren los tenedores de estos pasivos. En otros términos, la devaluación es un poderoso instrumento para efectuar transferencias de riqueza a favor del sector publico y en desmedro del sector privado, como si se tratara de un impuesto compulsivo, sin la necesidad de que intervenga ni el Congreso ni la Justicia.

3. Licuación de pasivos privados: cuando un sector o varios sectores productivos sufren un excesivo endeudamiento (que no sea en moneda extranjera, por supuesto), la devaluación les puede resolver el problema sin que intervenga la Justicia y sin que se produzcan quiebras, claro que expensas de una arbitraria redistribución patrimonial a favor de empresarios quebrados y en desmedro de sus acreedores o de los depositantes del sistema financiero en moneda nacional. Nótese que este instrumento pierde mucha efectividad cuando el sistema está mayoritariamente dolarizado, donde para lograr el mismo objetivo se requiere del Congreso y de la Justicia, como ya se observara en el caso del default, la pacificación, la suspensión de ejecuciones, etcétera.

4. Competitividad: cuando algunos de los sectores exportadores o sustitutivos de importaciones tienen dificultades de competitividad, los mecanismos de mercado vía rebaja salarial o del costo de los servicios públicos y privados pueden resultar engorrosos, debido fundamentalmente a las rigideces en la legislación laboral o en los contratos. Tampoco es fácil reducir los costos fiscales puesto que afectan el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces, es mucho más fácil reducir los costos internos devaluando, prescindiendo del Congreso o de las rigideces en la legislación o contratos vigentes. Y tampoco hay que esperar ningún fallo adverso de la Justicia. El peligro es que de este modo ciertos empresarios exportadores o sustitutivos de importaciones siempre presionen por la devaluación para ser competitivos (especialmente los que tienen mayor poder de influencia), en lugar de invertir y mejorar su productividad. Porque no sería bueno que se mantenga la rentabilidad empresaria de unos a costa de las pérdidas de otros, fundamentalmente de los trabajadores.

5. Asistencia al sistema financiero: cuando el sistema financiero enfrenta dificultades, en especial por falta de liquidez frente a una corrida de depósitos, la asistencia del Banco Central como prestamista de última instancia se ve acotado a la disponibilidad de reservas internacionales, bajo un esquema de tipo de cambio fijo o de convertibilidad. En cambio, la asistencia no tiene límites bajo un esquema de flotación cambiaria. Simplemente se puede emitir hasta por 100% de los depósitos sin que quiebre ningún banco por problemas de iliquidez, independientemente de su solvencia, claro que al costo de grandes devaluaciones, perdida de reservas, cambios de precios, ingresos, y rentabilidades relativas, redistribuciones patrimoniales, huida de capitales, etc., y hasta de una hiperinflación, sin que actúe ni el Congreso y ni la Justicia.

Recomenzando, la flotación cambiaria «sucia» es un instrumento de política económica tan efectivo y poderoso como discrecional y arbitrario. Los hombres que manejen este instrumento son virtualmente los hombres más poderosos del país, superando el poder de los tres poderes básicos de la Nación y del conjunto de los gobernadores provinciales. El presupuesto nacional es probablemente la ley más importante que sanciona cada año nuestro Congreso, y sin embargo pierde relevancia frente a la posibilidad de ser modificado en términos reales ejerciendo una discrecional política cambiaria. Esta concentración de poder justo en momentos históricos en que tanto hace falta reafirmar el valor y la independencia de las más elementales instituciones democráticas, aparece como un contrasentido. Por otra parte, si bien puede resultar muy efectivo para alcanzar determinados objetivos, cada vez que se modifica el tipo de cambio como instrumento de política económica la moneda nacional se deteriore en su función elemental de ser unidad de cuenta de la economía, generando arbitrarias transferencias de ingreso y de riqueza, destruyendo el crédito como institución básica para el crecimiento y el desarrollo económico. Por este motivo puede apreciarse como un ajuste fiscal superior al requerido, lejos de resolver el problema lo agravó; no se tuvieron en cuenta los efectos devastadores en las instituciones económicas y jurídicas, y en la credibilidad en general.

En definitiva, todo el poder y efectividad que involucra una política cambiaria activa es directamente proporcional a la debilidad de las más elementales instituciones políticas y jurídicas de la Nación.