La posición del Gobierno ante el crítico informe del FMI: "El programa fracasó"

Economía

El Gobierno nacional puntualizó los errores que llevaron al fracaso del Acuerdo Stand-By firmado por el expresidente Mauricio Macri y el FMI en 2018.

El Gobierno nacional consideró esta noche que el Acuerdo Stand-By firmado por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 "fracasó" al no poder lograr ninguno de los objetivos que se había fijado.

La Presidencia de Alberto Fernández fijó su posición en relación al crítico informe emitido este miércoles por el FMI y analizado por el directorio del organismo.

"La República Argentina entiende que el programa fracasó porque no logró cumplir con ninguno de los siguientes cuatro objetivos trazados en el acuerdo: restaurar la confianza del mercado; proteger a los más vulnerables de la sociedad; fortalecer el marco para reducir la inflación; y progresivamente, disminuir las tensiones en la balanza de pagos", comienza el texto.

En este sentido, puntualizaron que se desatendió la fragilidad externa del país, minimizando los riesgos de la liberalización de la cuenta de capital; hubo una visión errada sobre el fenómeno de la inflación y la política monetaria; se puso énfasis en la contracción fiscal en un contexto recesivo; se pecó de optimista en creer que el programa ayudaría a recuperar la confianza de los mercados, pero esto no ocurrió; se sobredimensionaron los efectos de reformas estructurales y se minimizaron sus riesgos.

En tanto, consideraron que "las reformas deben estar orientadas a conseguir la creación de empleo a través del crecimiento económico inclusivo y sostenible".

Asimismo, evaluaron que el Acuerdo Stand-By "se construyó sobre un paradigma que obstaculizó fundamentalmente la consecución de sus objetivos principales, basándose en un conjunto de premisas y supuestos que no aplicaban para el caso de Argentina".

Para el Gobierno nacional, una de las principales razones del fracaso fue la desatención a la fragilidad externa. "El diseño del SBA2018 minimizó y descartó los riesgos de la liberalización de la cuenta de capital y la justificación para imponer regulaciones a los flujos de capitales. La liberalización de la cuenta de capital favoreció la entrada masiva de capitales especulativos de corto plazo en 2016-2017, dejando a la economía extremadamente vulnerable ante el evento de un freno repentino, el cual efectivamente se materializó en 2018", indicaron.

Además, criticaron la visión estrecha sobre la inflación y la política monetaria. El Acuerdo Stand-By "se basó en la concepción de que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que debe ser frenado únicamente con instrumentos monetarios, sin tomar en cuenta la dinámica de precios del país y el hecho de que la inflación en la Argentina tiene un marcado componente inercial".

También responsabilizaron a la falta de atención a los efectos pro-cíclicos de la consolidación fiscal. "Los supuestos del SBA2018 pusieron un énfasis injustificado en la contracción fiscal en un contexto recesivo. Se suponía que la contracción fiscal y monetaria restablecería la confianza, pero, en cambio, redujo la demanda agregada y obligó a la quiebra a muchas empresas endeudadas, socavando las condiciones sociales y aumentando la incertidumbre, al tiempo que estos efectos se vieron agravados por los efectos contractivos de la depreciación y la aceleración de la inflación", explicaron.

En tanto, evaluaron que el exceso de optimismo y los límites de la “visión catalítica” no permitieron "recuperar la confianza de los mercados financieros. La convicción de que el 'enfoque catalítico' era confiable a la hora de hacer frente a una crisis de la cuenta de capital como la que enfrentaba Argentina no contempló, por un lado, las circunstancias particulares que el país enfrentaba (con una deuda de dudosa sostenibilidad y un elevado riesgo cambiario), y por otro, el efecto endógeno que el propio acuerdo podía generar sobre la confianza de los inversores".

"Si bien es cierto que algunas reformas estructurales podrían tener ciertos efectos positivos, los beneficios generales de las reformas estructurales que nuestro país emprendió en el pasado fueron sobredimensionados y sus riesgos minimizados. Según nuestra visión, las reformas deben estar orientadas a conseguir la creación de empleo a través del crecimiento económico inclusivo y sostenible", continuaron.

Para cerrar, destacaron los escasos avances en materia de gobernanza y equidad de género, "banderas que fueron levantadas con el objetivo político de generar consensos, mientras que en la práctica no lograron avances concretos".

Ante este análisis el Gobierno concluyó que el FMI debe investigar si incumplió con sus propios estatutos. "Una evaluación exhaustiva de las recomendaciones de política del SBA2018 y la no conflictividad con los mandatos del FMI es necesaria para asegurar un funcionamiento correcto de la institución", analizaron.

Además, exigieron el no uso político de los programas del FMI. "Tanto los defensores como los detractores del SBA2018 han sugerido que, en última instancia, éste perseguía motivos políticos, siendo el objetivo principal evitar una operación de reestructuración de deuda muy necesaria y la reintroducción de controles de capitales a toda costa", sentenciaron.

Por último, solicitaron dar una definición adecuada al concepto de "ownership". "La atención debe centrarse en defender una noción de apropiación más exigente, que incluya el apoyo al programa del Congreso, la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos, y la sociedad en general", explicaron.

"De cara al futuro, el Gobierno considera que la base para avanzar hacia un crecimiento sostenible a largo plazo en Argentina debe incluir una consolidación fiscal gradual, basada en el crecimiento de la actividad económica, que será más robusto si cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. También será necesario enfrentar el desafío de la inflación, entendiéndolo como un problema multicausal que no puede ser abordado únicamente por la política monetaria. Para lograr todo esto, es necesario llevar a cabo políticas que mejoren el desempeño del sector transable de Argentina y fortalecer el mercado de capitales en moneda doméstica", concluyeron.

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