Aunque el precio del crudo siga trepando, si un inversor tiene acciones de petroleras, como las de Repsol YPF y/o Petrobras, le conviene tener en cuenta la amenaza que han lanzado varios de los principales fondos de pensiones estadounidenses de liquidar sus tenencias de estas compañías. En la «lista negra» incluyen además de Petrobras y Repsol YPF a Royal Dutch Shell, ENI, Gazprom, Total, Indian Oil, INPEX, Statoil, y otras compañías internacionales que han sido advertidas por sus operaciones en territorio iraní. El panorama se presenta muy complicado precisamente porque las estrategias de estas petroleras priorizan sus exploraciones en Medio Oriente.
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Ocurre que semanas atrás una docena de los mayores fondos norteamericanos anunciaron que venderán en los próximos meses importantes bloques de acciones de estas petroleras si hacen caso omiso a las advertencias. Es otra arista de la guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush, pero quizás la de mayor impacto en los mercados internacionales. En Wall Street consideran que esto crea un nuevo criterio para ser calificado como « investment grade», esto es, de grado de inversión o bajo riesgo. Tan es así que varios estados norteamericanos debaten leyes para que los fondos de pensiones se desprendan de las acciones de compañías extranjeras con negocios en países sospechados de apoyar a redes terroristas, como Corea del Norte, Cuba, Irán, Siria y Sudán.
En este sentido tomaron la posta el estado de la Florida y grandes fondos californianos, como el caso del California State Teachers' Retirement System, más conocido como Calstrs -el fondo de pensiones de los maestros de California-, que tiene más de u$s 1.400 millones en acciones de estas petroleras (de Petrobras tiene u$s 170 millones) y ya envió misivas a las 13 petroleras en cuestión. Vale señalar que para el Calstrs la posición en estos papeles petroleros no es relevante, dado que administra un fondo de más de u$s 171.000 millones.
Dana Dillon, CEO de Calstrs, manifestó que «el fondo no ha tolerado ni tolerará apoyo al terrorismo», solicitando por carta el 6 de julio pasado a 13 compañías energéticas extranjeras, entre ellas Petrobras y Repsol YPF, reconsiderar sus inversiones en Irán.
Otro caso reciente es el de los fondos de los empleados públicos del estado de la Florida (tienen u$s 113 millones en Petrobras). El gobernador Charles J. Crist Jr. firmó el 8 de junio pasado una ley por la cual los fondos de pensiones públicos que tengan acciones de empresas con negocios en Irán y en Sudán tienen 90 días para detectar esas posiciones, luego otros 3 meses para que los fondos convenzan a las compañías de irse de Irán, y si no lo hacen, están obligados a vender las acciones en un año.
En California están debatiendo una ley similar. También en Ohio.
El listado de las compañías advertidas surge de un relevamiento realizado por el American Israel Public Affairs Committee. Además, el ente que regula el mercado de valores estadounidense (Securities Exchange Commission) ha difundido la nómina completa de las compañías con negocios en Irán.
Extensión
Además el Congreso estadounidense tiene entre manos un proyecto de ley por el cual obliga al gobierno a publicar las listas de las empresas que tengan inversiones superiores a u$s 20 millones en Irán. También se amenaza con extender a las subsidiarias de compañías extranjeras las penalidades que hoy se les aplican a las norteamericanas, que por ley tienen prohibido hacer negocios en Irán.
En este contexto el presidentede Petrobras, José Sergio Gabrielli, bajó los decibeles de la amenaza señalando semanas atrás que la petrolera estatal brasileña «no tenía planes de expansión en Irán ni Irak» y que «las operaciones eran muy pequeñas» en Irán. Sin embargo en Washington preocupa que Petrobras e Irán tengan conversaciones avanzadas para encarar la primera exploración offshore en el Mar Caspio con la National Iranian Oil. Petrobras tiene en la actualidad contratos de exploración en el Golfo Pérsico por u$s 32 millones. El embajador estadounidense en Brasil, Clifford Sobel, ya había advertido al gobierno de Lula que consideraban que las inversionesen petróleo y gas en Irán eran contrarias a los intereses estadounidenses.
Se trata de todo un test para la administración Bush en su disputa por el plan nuclear iraní, en su política de persuasión para que las petroleras internacionales no hagan negocios en ese país.
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