Frenó la Justicia juicio millonario por Yacyretá

Una jueza de la Capital Federal frenó ayer el millonario juicio que mantiene el Ente Binacional Yacyretá, que explota la represa de ese nombre (propiedad de la Argentina y de Paraguay), con la constructora italiana Eriday.

En un fallo sin precedentes, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Claudia Rodríguez Vidal concedió una medida cautelar reclamada por el ente contra decisiones del tribunal arbitral que funciona bajo el paraguas de la Cámara de Comercio Internacional de París, donde la constructora italiana le reclama u$s 792.813.035 (a valores del 31 de julio de 2002) por pagos incumplidos y mayores costos en la construcción de la represa.

La demandada -en realidad, los gobiernos de la Argentina y de Paraguay-ha respondido que la obra ya está pagada, que la Eriday tuvo una rentabilidad de 12% y que es la constructora la que en realidad debe devolver dinero percibido en exceso.

La medida detiene el proceso que se sustancia en París por el sistema de árbitros privados -régimen que estaba previsto en el contrato original para esta obra-. La queja es porque ese tribunal, que integran los juristas Emilio Cárdenas (por la contratista), el embajador Julio Barberis (por el ente) y el colombiano Nicolás Gamboa Morales (presidente designado por consenso de las partes), no tuvo en cuenta las sugerencias del Estado en la elaboración de la llamada «acta de misión», un escrito clave para la resolución del arbitraje.

Se llama «acta de misión» a la nómina de las cuestiones que debe decidir el tribunal arbitral y que serán sometidas a prueba. Lo que no figure en ese «acta de misión» queda fuera de la discusión. En la última reunión del tribunal arbitral, la parte estatal que representa al ente planteó cuestiones para incluir en ese acta que fueron rechazadas por los árbitros. Ante la protesta del ente, éstos dictaron una resolución por la cual serían ellos los que elaborarían ese «acta de misión» (el núcleo de lo que se resolvería). Dieron un plazo, además, para que el ente la aceptase, luego de lo cual la darían por válida.

Ante esa decisión, el ente Yacyretá, cuyo director es el arquitecto Julio Thomas, se presentó a la Justicia pidiendo algo que nadie había hecho ante un juicio arbitral: una medida cautelar para cuando la jueza analice la cuestión de fondo, cite a las partes y ante ella elaboren un «acta de misión» que refleje las propuestas de las partes.

Al conceder la medida, la jueza produce una innovación que es que la Justicia puede interceptar un arbitraje cuando una de las partes entiende que sus derechos no están debidamente amparados.

• Jurisprudencia

En realidad, la jueza Rodríguez Vidal recoge una jurisprudencia vieja de la Suprema Corte de Justicia (ratificada en junio pasado en una acordada) que volteó el resultado de un arbitraje entre la empresa estatal Hidronor y la contratista Cartellone y tendrá consecuencias en el corto plazo.

Primero, echa luz sobre el destino que puede tener en el futuro otros arbitrajes, como los que enfrenta el país en el CIADI, tribunal de la misma naturaleza que depende del Banco Mundial y donde la Argentina enfrenta más de 20 demandas de concesionarios de servicios públicos, que reclaman por confiscación de sus intereses a raíz de la pesificación de la economía desde 2002.

Segundo, porque tiende a reforzar la posición del Estado en la discusión de la letra de los acuerdos de protección de inversiones que firmó la Argentina en la década pasaday que cedían, ante eventuales reclamos, la jurisdicción del país a tribunales arbitrales como el CIADI o, lisa y llanamente, a tribunales de los Estados Unidos. Esos acuerdos, en su mayoría, están a punto de vencer y deben ser renegociados. El principal es el que el país tiene con los EE.UU., que vence en noviembre próximo.

La decisión de la jueza ante el escrito que patrocinó el abogado Héctor Masnatta ( director jurídico del proceso arbitral) también admite la recusación de los árbitros por entender que, al pretender imponer un «acta de misión», sin tener en cuenta la opinión de la demandada (el ente estatal), dictaron un preguzgamiento que los descalifica.

Esa recusación de los árbitros (algo que el ente planteó hace dos meses ante la Corte de París, que la rechazó de plano) pone en una situación muy difícil al árbitro de la parte argentina, el embajador Barberis. El pedido expone que sus mandantes -quienes lo designaronle han perdido la confianza. Los árbitros, dice la posición argentina, no son jueces. Su designación, al decir del patrocinante Masnatta, es «atípica»: tiene algo de «locación de servicios», porque cobran por su trabajo; de «locación de obra», porque se le pide un trabajo específico; y algo de «mandato», porque la designación se basa en la confianza del mandante. Si un árbitro, que es un mandatario, pierde la confianza del mandante, queda en posición más que incómoda para cumplir con sus tareas.

Un párrafo «picante» de la sentencia conocida ayer señala una singularidad sobre los árbitros, que son los cuantiosos honorarios que pueden llegar a cobrar. «El trámite del proceso arbitral -desliza la magistrada- presupone desembolsos en concepto de anticipos de honorarios de los árbitros de una magnitud significativa si se repara en que éstos se fijan sobre la base de los montos reclamados por la contratista, la que estimó su pretensión, a julio de 2002, en la suma de u$s 17.217.887.» Esa sería la torta para repartir entre los árbitros por esta jugosa faena.

• Análisis

El fallo de la jueza fue analizado anoche en la Presidencia de la Nación, porque en horas más el país debe defenderse -ante una demanda similar- de la empresa Azurix en el tribunal CIADI que se constituirá el lunes próximo en París. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, viajará hoy a Francia para encabezar la comitiva de abogados, que debe litigar contra esa contratista de aguas en la provincia de Buenos Aires por un monto de más de u$s 400 millones.