El Gobierno nacional y los gremios estatales, que nuclean a 87 mil trabajadores, comenzarán a discutir desde el próximo 21 de abril sus condiciones salariales y laborales en una paritaria que reabrirá el convenio colectivo del sector.
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Según se informó, el Estado nacional estará representado en las negociaciones por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Gestión Pública, mientras que por los gremios lo harán UPCN (enrolada en la CGT) y ATE (integrante de la CTA).
Los dos sindicatos representan a los 87 mil trabajadores de la administración pública nacional, que incluye al personal de todos los ministerios, los civiles de las Fuerzas Armadas y los empleados de los organismos descentralizados.
El listado de reclamos de los estatales incluye una recomposición salarial -cuyo porcentaje los sindicalistas mantienen en reserva- y el pase a planta transitoria de unos tres mil trabajadores que facturan como monotributistas.
Si se logra que los "factureros" sean contratados por el Estado se "mejorará su situación laboral, aunque no sea la ideal", explicó una fuente de UPCN..
"El objetivo es conseguir soluciones para los trabajadores que aún no ingresaron a la planta transitoria, para que puedan gozar de derechos jubilatorios, obra social, aguinaldo y vacaciones", señaló UPCN.
Los gremios no podrán discutir la incorporación a la planta permanente de los 12 mil contratados que están en planta transitoria, porque los cupos están determinados por el Presupuesto nacional.
Los sindicalistas mantienen en secreto el porcentaje de aumento que reclamarán al Estado porque quieren "tirar en número en la mesa de negociación y no antes".
Pero se podría inferir que el planteo que los sindicalistas presentarán el próximo 21 de abril a las 15.00 en la sede del Ministerio de Trabajo no estará por debajo del 19 por ciento de aumento que obtuvieron los camioneros.
Aunque no todos los trabajadores estatales están enrolados en UPCN y ATE, ambos gremios tienen un importante poder de presión, sobre todo el que lidera Andrés Rodríguez, que concentra al 72 por ciento de los empleados públicos sindicalizados.
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