Habría ley de control de precio a prepagas

Trascendió que el gobierno intentaría frenar los aumentos en la medicina prepaga con control de precios. La idea es mala, aunque ya no sorprende. Se sabe que aplicar este tipo de control redunda en una menor calidad de las prestaciones y en costos adicionales para acceder a determinados servicios, entre otros efectos nocivos. Sería mejor intentar otro camino.

El gobierno estaría estudiando la posibilidad de intervenir por ley en el mercado de las empresas de medicina prepaga, reflotando quizás algún viejo proyecto intervencionista radical (uno de vieja data, otro más reciente, pero curiosamente ambos provenientes del mismo grupo familiar).

En tanto OSDE, la obra social de ejecutivos que compite «cabeza a cabeza» con las principales empresas de medicina prepaga, se sumó ayer a éstas en anunciar un reajuste en sus cuotas. La única diferencia entre OSDE y SPM, Medicus y Swiss Medical -por nombrar sólo las tres más importantes-es que la obra social lo hará a partir del 1 de marzo, mientras que sus «rivales» aplicarán el incremento desde el 1 de febrero.

El argumento de OSDE es que, dado que enero y febrero son meses de menor consumo, pueden postergar el incremento hasta el final del período de vacaciones, pero pasada esa fecha, no tendrán más remedio (valga la paradoja) que seguir los pasos de los demás jugadores del mercado. Sin embargo, la razón principal sería la de darles tiempo a los afiliados a hacer sus cuentas y decidir si siguen en el plan que están ahora o se pasan a uno más económico, con menores prestaciones. El aumento, cabe apuntarlo, se pagará efectivamente a partir del 1 de abril, y será de 11% promedio, en línea con las demás empresas.

Cabe recordar que -de acuerdo con circulares remitidas por las propias prestadoras a sus afiliados-Medicus aumentará 15% su cuota básica, Swiss Medical Group reajustará un promedio de 11,7% y SPM lo hará en un orden de 10% aproximadamente.

Esto, claramente, indica que el intento de la subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, de «detener» los reajustes de la medicina privada -o sea, en otras palabras, fijar precios máximos no ha tenido éxito. La funcionaria amenazó ayer con «revisar los contratos» de las prepagas, porque en ellos --aseve-ró- «hay imprevisión y vulnerabilidad».

• Equiparación

Estas declaraciones podrían ser el preámbulo de una medida aún más drástica que el intento de negociación llevado a cabo el lunes en ese organismo: fuentes del gobierno adelantaron que están considerando enviar una ley al Congreso para regular (de nuevo, control de precios) las actividades de las empresas de medicina privada. La génesis de esta norma podría incluso estar ya en algún cajón de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados: hace algunos años (Carlos Menem era aún presidente), la entonces diputada María Banzas de Moreau, esposa de Leopoldo Moreau, elaboró un proyecto que prácticamente equiparaba a las prepagas con las obras sociales. La iniciativa nunca fue tratada, por lo que seguramente a esta altura habrá per-dido lo que se llama «estado parlamentario».

Sin embargo, Moreau -hoy diputado por la UCR-salió ayer a tratar de reverdecer esa línea de pensamiento al pedir que «se regule el mercado de las prepagas». El hombre del radicalismo recordó que -al margen del proyecto de su esposa-él mismo también había presentado una iniciativa el año pasado.

«Se debe proceder a regular la actividad de las llamadas empresas de medicina prepaga con normas y mecanismos que permitan controlar su funcionamiento en resguardo de los legítimos derechos e intereses de los usuarios», se euforizó, para agregar que las empresas del sector se habían visto beneficiadas por la modificación del PMO (Programa Médico Obligatorio) por el menor nivel de costos en que resultó esa modificación.

• Mayores costos

Sin embargo, desde la otra trinchera de esta guerra que despunta, los empresarios afirman que «el gobierno ha instrumentado numerosas y constantes modificaciones al PMO, con la intención de aumentar cada vez más las coberturas para las empresas del sector; esto, por supuesto representa un significativo incremento en nuestros costos». O sea, exactamente lo contrario de lo que sostiene Moreau.

Además, las empresas aseguran que sus costos no sólo se han visto incrementados «de manera astronómica» -según una fuente del sector-por la devaluación del peso, sino también por la directa inter-vención del Estado en sus nóminas salariales, al disponer aumentos de sueldos por decreto. «Esos aumentos no sólo nos afectan directamente, sino también a prestadores de servicios médicos, sanatorios, clínicas y centros de diagnóstico, todos ellos de mano de obra intensiva», explica Medicus en su carta a los afiliados. El argumento es repetido casi al detalle por las otras prestadoras.