Habría primer acuerdo entre gobierno y Aguas Argentinas

Entre hoy y mañana, el gobierno podría llegar a un acuerdo con Aguas Argentinas que disiparía las dudas sobre la continuidad de la concesión. El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo ayer que espera recibir hoy una respuesta de la empresa sobre el acta de transición que el gobierno le propuso en diciembre, y que incluye dos puntos: una inversión de $ 242 millones para este año y la suspensión del juicio iniciado por la compañía ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

Ayer, arribaron a Buenos Aires Yves Thibault de Silguy, presidente de la compañía argentina y delegado general de Suez, el grupo francés que es accionista mayoritario y operador de Aguas Argentinas, y Jacques Pétry, director general de Suez Environnment. Tuvieron un primer encuentro con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y se reunirán hoy a la mañana con De Vido.

Fuentes oficiales consignaron que hay ya prácticamente acuerdo sobre el monto de la inversión y que sólo faltaría definir las obras a realizar con esos recursos, aunque el gobierno quiere privilegiar las tareas de saneamiento (cloacas) en el conurbano bonaerense para solucionar el problema de la suba de las napas freáticas en algunos partidos del Gran Buenos Aires.

En cambio, Suez pediría al gobierno alguna garantía sobre la continuidad del contrato, como paso previo a suspender el juicio ya iniciado ante el CIADI, en el que invoca el tratado de protección recíproca de las inversiones entre Francia y la Argentina.

En principio, la propuesta del gobierno consiste en un acta de transición para este año, mientras se renegocia el contrato de concesión en forma integral. El grupo francés tendría alguna reserva de suspender la acción ante el CIADI porque en el futuro podría no llegar a un acuerdo con el gobierno, y quedaría debilitado para litigar por haber aceptado el acta transitoria.

• Temores despejados

Sin embargo, la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Dominique de Villepin, habría despejado los temores de ese país sobre una intención reestatizadora del gobierno, luego de la rescisión del contrato con la empresa de ese origen que controlaba el espectro radioeléctrico.

Por otra parte, el Estado se presentaría junto con Suez y Aguas Argentinas a pedir la suspensión de las actuaciones, supeditando su continuación o no a un acuerdo definitivo sobre el contrato. Esto es posible porque el tribunal arbitral del CIADI se constituye con un miembro de la parte demandante, otro por el Estado argentino, y un tercero nombrado de común acuerdo por las dos partes.

Al gobierno de Néstor Kirchner le interesa en especial que Aguas Argentinas detenga la acción en el CIADI, porque es muy posible que igual actitud tomen el resto de las privatizadas con las que también se buscan acuerdos transitorios a cambio de suspender los juicios en el exterior. Esto no sólo le aliviaría un frente muy conflictivo (hay más de 30 demandas por la ruptura de los contratos), sino que también le sería útil en la negociación con el FMI.