Industria del juicio a pleno: crece 90% por los accidentes laborales

La declaración de inconstitucionalidad que decidió la Corte Suprema hace un año respecto de la ley de accidentes de trabajo abrió una verdadera caja de Pandora. En lo que va de 2005, las demandas judiciales de trabajadores damnificados crecieron 90% y ascenderán a unas 7.000 en todo el año. Al haberse eliminado los topes indemnizatorios, se recreó una industria del juicio que pone en jaque a miles de empresas, especialmente pymes. El gobierno, en tanto, demora el proyecto para modificar la ley y reducir la litigiosidad.

Carlos Tomada

Las demandas judiciales por accidentes de trabajo crecieron 90% en lo que va de 2005, según la información oficial que manejan las aseguradoras de riesgos del trabajo. De acuerdo con la proyección que manejan en el sector, durante todo el año se registrará un total de 7.000 litigios contra las empresas, lo cual representa una situación explosiva para miles de pymes.

La causa de semejante aumento en la litigiosidad está directamente relacionada con la decisión de la Corte Suprema de habilitar la vía civil para reclamar la indemnización en caso de accidente laboral. Esta decisión del tribunal, que falló de esta manera hace ya un año (a través del «caso Aquino»), generó que miles de trabajadores que sufrieron un accidente optaran por reclamar a la Justicia ordinaria, en muchos casos aun habiendo percibido la indemnización por parte de la ART.

Básicamente, se declaró inconstitucional el tope indemnizatorio establecido por la ley para accidentes de trabajo.

• Estimación

Hasta mayo ya se habían registrado más de 2.900 presentaciones judiciales, prácticamenteel mismo número de demandas que se habían registrado durante el año pasado. Y se estima que la cifra continuará creciendo exponencialmente. Prácticamente todas las cámaras empresarias advirtieron la carga que esta situación genera en el sector privado e incluso señalaron que miles de pymes podrían desaparecer si reciben fallos adversos de la Justicia ante los potenciales aumentos del costo laboral.

En algunas provincias, los aumentos de las demandas son aun más alarmantes. El caso más notorio es el de Córdoba, donde se presenta un aumento de 190% en la cantidad de juicios. «Ocurre que la Corte provincial había avalado en su momento al esquema de las ART. Pero el fallo de la Corte Suprema de la Nación del año pasado reavivó todas las demandas que habían quedado sin cursar», explicó un abogado laboralista. En Santa Fe, el aumento de juicios llega a 140% en 2005.

• Vía judicial

La ley de aseguradoras de riesgos del trabajo estableció en $ 220.000 el tope máximo de indemnización, aplicable en caso de muerte. Sin embargo, los damnificados pueden recurrir sin costo a la vía judicial aun habiendo cobrado la reparación estipulada por la legislación actual.

Los abogados advierten que este crecimiento de las demandas por accidentes laborales podría llevar a la quiebra a muchas empresas en un plazo no mayor que los dos años. «Los procesos judiciales son más largos que la vía administrativa que estipula la ley, pero llegan. Las pymes serán las más perjudicadas porque no tienen tantaespalda financiera para hacer frente a las demandas», aseguran en las ART. En el «caso Aquino», el primero en el que la Corte habilitó la instancia judicial, el monto de la sentencia de $ 276.000 se transformó en casi un millón de pesos. La suma se multiplicó por las costas judiciales y la actualización aplicada, de acuerdo con la tasa activa del Banco Nación.

Mientras tanto, sigue sin haber novedades respecto del proyecto de cambio de la ley de ART, que está en manos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hubo algunas reuniones preliminares con técnicos de la Unión Industrial Argentina, pero no hubo consenso respecto del texto que debería reemplazar a la legislación vigente. Se está buscando la fórmula para limitar de alguna manera la contingencia que pueden sufrir las empresas en caso de demandas por accidentes laborales que realicen los trabajadores en el futuro. El equipo económico decidió, por otra parte, comenzar una investigación de 120 días sobre el mercado de ART por supuestas actividades oligopólicas.